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Anomalía fue detectada por la ASCM; la institución sigue sin ser considerada como digna de representar a los pueblos originarios

OMAR MONTALVO

Ciudad de México. – Tras una investigación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), se encontró que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la capital (SEPI), Laura Ita Andehui, erogó un monto de más de medio millón de pesos para presuntos apoyos sociales entregados a traductores, sin embargo, los recursos públicos no fueron autorizados por los organismos correspondientes.

En el informe de la auditoría ASCM/014/22, la autoridad fiscalizadora revisó los 559 mil pesos correspondientes al programa social “Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas 2022” el cuál está diseñado para las personas que prestan sus servicios como interpretación y/o traducción de lenguas indígenas nacionales.

“Se observó que la modificación a las Reglas de Operación del programa social denominado ‘Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas 2022’, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 992 el 1o. de diciembre de 2022 no se encontraba en los criterios señalados, para una aprobación por parte del Coplade” se lee en la auditoría.

Al ser un programa que no cuenta con el visto bueno de la Comisión de Planeación y Desarrollo (Coplade), la SEPI se veía imposibilitada a ejercer los 559 mil pesos, aunque el presupuesto terminó por ser erogado al cien por ciento.

Además, la ASCM añadió que la SEPI publicó hasta con 64 días de retraso la convocatoria y reglas de operación del programa social, lo que pudo imposibilitar el registro a potenciales beneficiarios.

La SEPI es una secretaría de la Ciudad de México de reciente creación y desde 2018 que entró en funciones cada año ha sido sometida a investigaciones por la auditoría debido al posible uso irresponsable de los recursos. También en poco tiempo, ha sido llamada por pueblos y barrios originarios como una autoridad ilegítima que no los representa, debido a que en menos de seis años hasta 140 comunidades han perdido sus derechos.

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