Por Ricardo Sevilla
La situación política de Samuel García se ha puesto sumamente complicada, aunque el gobernador de Nuevo León se haga el chistoso y diga que está en “modo party”.
Y es que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó formalmente iniciar un juicio político en contra del gobernador emecista.
La votación, aunque Movimiento Ciudadano se pronunció en contra, salió adelante con el apoyo de los diputados del PAN, PRI y una legisladora de Morena, mientras que (MC) votó en contra.
Samuel García tendrá que comparecer ante el Congreso local el próximo martes 23 de junio para presentar su defensa, ya sea de manera presencial, por escrito o mediante sus representantes legales.
Aunque la solicitud de juicio político fue promovida por la dirigencia estatal de Morena (y respaldada por el bloque opositor en el Congreso). El mandatario estatal es acusado de presuntos actos de corrupción, peculado y una supuesta triangulación de recursos públicos.
Las denuncias –basadas en parte en investigaciones periodísticas, una de ellas de este columnista– alegan que fondos del gobierno estatal habrían sido desviados o canalizados hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, vinculado directamente al gobernador y a su padre.
Posteriormente, se acusa que esos recursos fueron movidos a otras empresas (como la inmobiliaria Saga Tierras y Bienes Inmuebles) e incluso a cuentas en el extranjero.
El expediente presentado ante la FGR y el Congreso local alega la existencia de una red que involucra más de 1,400 millones de pesos movilizados bajo una misma fórmula: el gobierno del estado contrataba a un proveedor, este proveedor subcontrataba a una segunda empresa intermediaria y, finalmente, esa intermediaria transfería millones al despacho privado del gobernador y su familia.
Aunque el gobernador se haga el gracioso y diga que es un asunto político, lo cierto es que la denuncia penal y el expediente de juicio político no están hechos de recortes de periódico. Aunque él se alce de hombros, las investigaciones se sostienen sobre comprobantes fiscales digitales (CFDI), declaraciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
El rastro de los 1,400 millones de pesos no se borrará con filtros de Instagram, videos de TikTok ni promesas de inversiones extranjeras.
Y una cosa es segura: los datos duros ya le pusieron la lupa a Samuel García, y no habrá sonrisa política que le alcance.
The post Juicio político vs. Samuel appeared first on Diario Basta!.
