Muchos rostros compungidos de gobernadores se pudieron percibir en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional. Y la razón radicó en la decisión presidencial de hacer corresponsables a los mandatarios estatales de la modernización de las fuerzas locales de seguridad.
El solo punto uno descolocó a los mandatarios estatales, amodorrados en sus palacios de Gobierno con la certeza de que la seguridad era responsabilidad federal, aunque los involucrará en lo estatal y municipal. Dos decisiones fueron implacables:
-Incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación un 25 por ciento a nivel nacional.
-Aumentar el estado de fuerza de los ministerios públicos de las fiscalías estatales en un 30 por ciento a nivel nacional.
Y parece ser que ahora sí, bajo el mando del secretario Omar García Harfuch, se va a implementar el modelo operativo de homologación de academias e institutos de seguridad pública en los estados. Y a partir de ahí se obliga a las entidades federativas a garantizar que desde enero de 2028 cuenten con al menos una academia o instituto certificado por el Sistema Nacional con base en el modelo mencionado, con la infraestructura y los recursos indispensables para su adecuado funcionamiento.
La reunión del Consejo dejó una tarea hercúlea a los gobernadores para que ya vayan atendiendo con seriedad el problema de la seguridad en sus territorios locales:
-Imponer el modelo de unidades de investigación.
-Impartir de manera obligada el programa de formación de personal policial con funciones de investigación e inteligencia.
-Y garantizar a nivel local que el perfil del personal policíaco con funciones de investigación e inteligencia cumpla con los estándares del sistema federal a partir de 2025.
O sea que Palacio Nacional ya está obligando a gobernadores y alcaldes a atender la seguridad que les es obligatoria.
Zona Zero
Algunos indicios quedaron planteados en la mini cumbre Rubio-Sheinbaum en materia de seguridad compartida. Por lo pronto, uno de ellos ha comenzado a poner nerviosas a autoridades locales: extender operativos conjuntos México-EU contra otros cárteles del narcotráfico en el país, y el indicio de que en esas actividades se va a poner mucho interés en el apoyo político y social a las bandas delictivas, a partir del criterio impuesto por Estados Unidos de que el narcotráfico sólo puede existir con el apoyo de las autoridades estatales y federales.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
