Por Juan R. Hernández
Las protestas son un derecho; la violencia, el chantaje y las amenazas no. Esa es la línea que la CNTE parece haber cruzado al convertir sus demandas laborales en una estrategia de presión que afecta a millones de ciudadanos ajenos al conflicto.
Lo ocurrido en el Centro Histórico de la CDMX distó mucho de una manifestación pacífica. Con tubos, mazos y petardos, grupos de manifestantes provocaron daños en inmuebles públicos, enfrentaron a elementos de seguridad y paralizaron una de las zonas comerciales más importantes del país. Las consecuencias las pagaron los comerciantes, quienes reportaron pérdidas de hasta 80 por ciento en sus ventas.
La CNTE tiene derecho a exigir mejores condiciones laborales, cuestionar reformas o plantear cambios al sistema de pensiones. Lo que no tiene derecho es a tomar como rehenes a ciudadanos, pequeños negocios y sectores productivos que nada tienen que ver con la negociación.
Particularmente grave resulta la amenaza de boicotear el Mundial FIFA 2026. No se trata solamente de una advertencia al Gobierno, sino de un mensaje que pone en riesgo una oportunidad económica para miles de familias que esperan beneficiarse de la derrama que generará el torneo. Hoteleros, restauranteros, comerciantes, transportistas y trabajadores temporales cuentan con ese evento como una fuente de ingresos y empleo.
Utilizar un acontecimiento de relevancia internacional como instrumento de presión política difícilmente puede considerarse una causa legítima. Más preocupante aún es que el costo de esas amenazas recaiga sobre ciudadanos que no participan en el conflicto.
Mientras algunos apuestan por la confrontación, en el Congreso capitalino avanzan iniciativas para fortalecer la identidad cultural de la ciudad, como la propuesta impulsada por Pedro Haces Lago para proteger tradiciones y expresiones que forman parte de nuestra memoria colectiva.
La diferencia es evidente: unos buscan construir acuerdos; otros recurren a la presión. Y, cuando una causa legítima se mezcla con violencia y chantaje, termina perdiendo respaldo social y credibilidad. México necesita diálogo, no amenazas.
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