Por Ricardo Sevilla
Un grupo de extorsionadores tiene de rodillas al Estado de México. Ahí, donde alguna vez gobernó el Grupo Atlacomulco, la corrupción ha crecido a tal extremo que ha dejado de ser un problema local para convertirse en una crisis de seguridad económica nacional.
Sin embargo, y por increíble que parezca, este chantaje sistemático contra los empresarios mexiquenses está siendo operado por la cúpula del Partido Verde Ecologista, allá en el Estado de México.
Y precisamente ha sido el empresariado mexiquense el que se ha encargado de poner las cartas sobre la mesa, exigiendo con desesperación el desmantelamiento inmediato de este cártel político.
De hecho, fueron los propios empresarios quienes, desesperados y enfadados con la situación, me contaron la historia.
Los empresarios gasolineros aseguran que es la propia gente de Raúl Piña Horta, actual director General de Prevención y Restauración de Medio Ambiente en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).
Ellos, sostienen mis fuentes, se encarga de recibir los pagos, que invariablemente entregan en efectivo. En ese caso, los empresarios aseguran que el pago por el servicio de bomba restablecida tiene un costo de entre 500 y 800 mil pesos. De tal suerte que si una gasolinería tiene 20 bombas, estaría pagando 16 millones de pesos.
Ante la gravedad de la situación, el conflicto ha escalado de manera dramática hasta la cúspide del poder ejecutivo estatal.
Testimonios de varios empresarios me confirman que la resistencia civil de los industriales ha dado frutos: una avalancha de evidencias contundentes que incluye videos de cámaras ocultas, carpetas con transferencias y bitácoras detalladas de los chantajes institucionales ya se encuentra en el despacho de la gobernadora Delfina Gómez.
De modo que estos pillos tienen su tiempo contado.
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