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Permisos otorgados al vapor ponen en riesgo la seguridad en la terminal y la permanencia de empresas que operan desde hace 40 años, entre ellas Sitio 300.

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ

GRUPO CANTÓN

Ciudad de México.- Le quitaron una cadena de irregularidades y arbitrariedades de la dirección jurídica del AICM, encabezada por abogados civiles, y puso en jaque la administración que encabeza el Vicealmirante Carlos Vázquez Tiscareño, específicamente en el área de transportación terrestre, al dar cabida a un grupo de taxistas piratas que bajo el membrete de Spasa, operan con toda libertad en espacios restringidos, poniendo en riesgo la seguridad de la terminal y la de miles de usuarios como consecuencia.

De manera ilegal, el departamento jurídico de la terminal dio su aprobación para el surgimiento de esta empresa creada al vapor bajo la denominación de Sociedad de Permisionarios en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, (Spasa) haciendo creer que se trata de una filial del AICM, aunque en realidad opera como esquirol para desaparecer a empresas establecidas desde hace 40 años, como se denunció en la mañanera de este martes ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es el caso de Sitio 300, la primera empresa que se creó hace 40 años y que cuenta con todo el respaldo legal y jurídico con 560 autos que permanecen en una situación de crisis; otra empresa es Comfort a la que le han paralizado 100 unidades porque le suprimieron sus puntos de venta y Nueva Imagen que está en la misma situación de asfixia, al quitarle paulatinamente sus puntos de venta para adjudicárselas a esta.

Esta situación ha creado condiciones de inestabilidad y de alerta en las demás organizaciones que prestan servicios de transportación terrestre en el AICM, poniendo en movimiento a sus respectivos equipos de abogados para defender a sus agremiados, quedando latente la posibilidad de un desbordamiento de condiciones de violencia.

Las autoridades del Aeropuerto han entregado a Spasa cajas para la venta de boletos de servicio y habilitando Tarjetas de Identificación Aeroportuarias, (TIA) de manera discrecional a personal no acreditado, falseando fechas y pasando por alto los restringidos requisitos para usarlos, lo que les permite entrar a zonas de abordaje exclusivas.

De acuerdo con los reclamos que permisionarios y choferes han hecho llegar a la dirección general, hay una larga lista de actos de corrupción que se vienen dando en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con José Luis Martínez Colina al frente, quien abreva tanto de su negligencia y sus omisiones, así como de la red de complicidades entre sus subalternos para garantizarse impunidad.

Lo anterior es así, toda vez que bajo el falso argumento de Martínez Colina de que los permisionarios y operadores del Sitio 300 tienen un adeudo con el AICM, el funcionario declara y reconoce ante la autoridad ministerial en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX que la Moral Taxistas Agremiados para Servicio de Transportación Terrestre es quien tiene la obligación de pago.

La complicidad y mala fe con la que se conduce el Director de Asuntos Jurídicos, ha llegado a tal extremo que se dieron a la tarea de simular falsos procedimientos y una estrategia fallida pretendiendo con la falacia de recuperar adeudos, tejer una serie de complicidades y una red de corrupción sin precedentes en el aeródromo capitalino.

La oleada de actos de corrupción, violencia de género y prácticas monopólicas denunciadas por los representantes de permisionarios, sostienen que Martínez Colina llegó a tal extremo en simular una supuesta petición de permisionarios y operadores del Sitio 300 para que una pseudoempresa denominada SPASA vendiera boletos y cubriera el supuesto adeudo de los mismos con el AICM.

A la Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares le fue adjudicado un contrato de manera directa cuando la legislación en la materia obliga a una licitación.

Fue tan burdo Martínez Colina que, al anunciar la llegada de dicha empresa, ya se le había asignado de manera indebida el contrato días antes y expedido Tarjetas de Identificación Aeroportuaria sin contar con contrato alguno con antelación a la supuesta petición de permisionarios y operadores.

Existen dos cabezas visibles en SPASA de dudosa reputación y además, coludidos con las autoridades aeroportuarias de la Dirección de Asuntos Jurídicos de los cuales existen varios indicios de corrupción y perversidad.

Resulta que la señorita de nombre Elizabeth “N”, adscrita al jurídico del AICM y por instrucciones de su superior jerárquico (José Luis Martínez Colina), mandaron a elaborar la impresión de mil Cuadernillos del Contrato Colectivo de Trabajo vigente 2022 – 2024 por un monto de $18,560.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.).

Por el trabajo realizado, se ha pretendido cobrar una comisión de $2,000.00 al impresor, por alguien que no trabaja para el AICM. Sin embargo, lo interesante del caso es que quién lo solicita (Salvador “N”) se encuentra relacionado sentimentalmente con la señorita “Elizabeth “N” (Adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del aeródromo capitalino).

Fuentes anónimas, refieren que incluso Elizabeth “N” y Salvador “N” recientemente contrajeron nupcias y además que el extorsionador ha hecho uso indebido de la tarjeta de acceso a los estacionamientos del aeródromo capitalino de su pareja en diversas ocasiones, ingresando Taxis del Sitio Confort Unlimited a las instalaciones del AICM.

Ante el número de evidencias de irregularidades y favoritismos entre el personal del titular del jurídico y los dueños de la Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares se suma el caso de otro socio de la empresa denominada “SPASA”; “Gerardo “N”, quien fungió como Secretario del Comité Electoral de Sitio 300 en la elección de su supuesto presidente del Consejo Directivo y Representante Legal.

Ahora que la empresa “SPASA” ante una falsa petición de permisionarios y operadores, cuenta con puntos de venta ubicados en Bandas, el conflicto de interés se hace no solo presente, sino que además existe una serie de complicidades ente autoridades y Sitio 300, toda vez que quien no le paga la contraprestación por el acceso a la zona federal, es justamente quien resultó electo como Presidente y en la que participó Gerardo “N”.

Después de un contrato de tres meses, SPASA no solo incumplió su relación contractual con permisionarios y operadores, sino que tampoco ha pagado la deuda a la cual se comprometió con las autoridades aeroportuarias.

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