Ecuador vivió escenas terribles ayer, que no se habían visto en el país sudamericano pero que en México son casi cotidianas.
Con excepción de la toma de rehenes en las cárceles, todo lo demás, incluida la toma de medios de comunicación, son historia en nuestro país.
Quema de vehículos, robos a particulares y a negocios, asesinatos de civiles que cometieron el error de estar en el sitio equivocado a la hora equivocada.
Una sociedad atemorizada por la delincuencia organizada a la que el gobierno de Rafael Correa le proporcionó abrazos y no balazos.
En el 2007, Correa le dio “personalidad jurídica’’ o, como dicen en Ecuador, “legalizó’’, a la banda “Latin Kings’’, a quienes incluso comparó con los “Boys Scouts’’.
Correa dijo en ese momento, esa banda, que en su momento era la principal generadora de violencia en el país, tenía derecho a créditos para desarrollar sus proyectos, que había leído sus estatutos “en los que se establece que no podían robar’’ y hasta justificó que muchos de sus crímenes eran cometidos “por otros utilizando el nombre’’ de “Latin Kings’’.
Les dio pase a la vida política y económica de un país que entonces no conocía los horrores que implica enfrentar a una delincuencia con poder de fuego y financiamiento.
En el 2009, Correa ordenó el cierre de la base militar que Estados Unidos tenía en Manta, y que era la responsable de combatir al crimen organizado, sobre todo evitar que la cocaína producida en la región llegara a nuestro vecino del norte.
El cierre, justificó entonces Correa, se trata de un asunto de soberanía.
Bueno, ya vimos como acabó el experimento.
Correa sale en diversos videos que ayer circularon con profusión en las redes sociales con miembros de la banda “Latin”, una de las muchas que a partir de su errático gobierno comenzaron a multiplicarse en el país sudamericano.
La respuesta del gobierno de Daniel Noboa, fue contundente: declaró un estado de excepción y le declaró la guerra, sin eufemismos, a dichas bandas a quienes llamó, con justa razón, terroristas.
El Ejército salió a las calles para cumplir con la orden presidencial de “neutralizar’’ (ojo), neutralizar a todos los terroristas.
Incluso la Asamblea Nacional de Ecuador anunció que está dispuesta a apoyar una iniciativa de ley de amnistía para los militares y policías “que en defensa propia’’, maten a los terroristas.
Pongamos las barbas a remojar.
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La familia disfuncional en la que se ha convertido el frente opositor protagonizó ayer un enfrentamiento que perjudica… ¡a todos!, menos a sus rivales políticos.
El problema es que el PRI, mejor dicho, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se niega a concederle la candidatura de Torreón al PAN, como estaba acordado desde el 2023 cuando se concretó la alianza que encabezó el propio Jiménez.
La razón es que el presidente municipal, priista, Román Alberto Cepeda González, quiere reelegirse y trae muy buenos números.
El PRI dice que condicionó la candidatura de Torreón a que el PAN obtuviera el 20% de la votación de las elecciones pasadas y solo obtuvo el 6 por ciento.
Pero en el acuerdo que dio a conocer Marko Cortés, y por el que le llovieron adjetivos de los feos (a él y al PRI), no existe tal condicionamiento.
El plazo para ir en alianza vencía a las 00:00 horas de ayer y, hasta el cierre de esta edición, no se sabía si el PAN rompería en ese estado la coalición.
@adriantrejo
