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La Justicia argentina frenó ayer la reforma laboral del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por el presidente ultraderechista Javier Milei, que entró en vigencia el viernes pasado y que modifica o deroga más de 300 normas.

El gobierno apelará esta decisión, dijo el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, poco después de conocida la decisión judicial.

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El fallo, dictado por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un amparo contra el decreto.

La justicia anuló la aplicabilidad del capítulo IV del DNU que, entre otras cosas, extiende el periodo de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad y limita hasta casi anular el derecho a huelga u otras medidas de fuerza.

En su decisión, uno de los jueces, Alejandro Sudera, cuestionó la “necesidad” y la “urgencia” del decreto de Milei.

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“No se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas” y “lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían… razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”, argumentó.

Sudera detalló que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención de los legisladores “tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral”.

 

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