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Mientras la última encuesta trimestral del Inegi reveló percepciones de inseguridad que mantienen tendencia a la baja, el Poder Judicial de la Federación decidió cerrar sus puertas una semana en protesta por la desaparición de fideicomisos especiales.

El cierre de tribunales y la paralización durante siete días de la actividad judicial para procesar actos delictivos nunca se había dado en la historia política de la República y quedó bajo la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya ministra presidenta es al mismo tiempo responsable de todo el Poder Judicial.

En las últimas horas y las próximas, las oficinas donde se deben procesar todas las causas delictivas están cerradas, jueces y magistrados no pueden entrar a sus despachos y todos los funcionarios encargados de desahogar temas penales fueron enviados a sus casas y sus casos perderán días de trabajo, con la circunstancia agravante de los que se estarían acumulando más delitos procesables con las oficinas cerradas.

El debate no tiene que ver con la violación del contrato colectivo de trabajo de los empleados del Poder Judicial, pues sus salarios y prestaciones de ley siguen siendo intocables; la decisión de crear fideicomisos, administrarlos y responsabilizarse de dinero presupuestal operado como guardadito es de las altas autoridades del administrador de justicia.

El presidente de la República ha sido muy insistente en denunciar la situación de privilegios salariales y de prestaciones especiales que mantienen los altos funcionarios de ese órgano de gobierno, sobre todo los ministros y magistrados.

Los trabajadores sindicalizados del fueron usados para cerrar las oficinas y declarar un paro y no una huelga, aunque el camino más sensato hubiera sido el del amparo antes de decisiones presupuestales del Congreso.

Zona Zero

La última encuesta trimestral sobre percepción de seguridad del Inegi mantiene la declinación en las preocupaciones de inseguridad de los ciudadanos: de 74% en el punto más alto de esta administración bajó a 61.4% en el tercer trimestre de este año, con el dato adicional de que las fuerzas de seguridad mantienen un alto grado de aceptación popular: 85.4% para la Marina, 82.8% para el Ejército y 73.5% para la Guardia Nacional; en cambio, a nivel local se mantiene la situación de baja aceptación: apenas 53.9% de las policías estatales y 47.2% de las policías municipales. El otro dato indica que la preocupación de inseguridad tiene que ver más con delitos del fuero común.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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@carlosramirezh

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