La política exterior mexicana es, por definición práctica, presidencialista, aunque se basa en principios doctrinarios de un Estado bicentenario que ha pasado por invasiones extranjeras, presiones imperiales e intereses internacionales.
Las crisis bélicas en Ucrania e Israel están presionando a la política exterior mexicana para vincularla a los intereses geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos, sin dar margen de maniobra a presentar algunos indicios de que México tendría intereses nacionales en esas zonas de conflicto.
Las dos guerras son de tipo imperial que interesan a Estados Unidos. Ucrania fue invadida cuando se echó a andar el proceso para incorporarla a la OTAN como acuerdo militar regional, rompiendo el equilibrio precario en tanto que hace frontera física con Rusia y por lo tanto permitiría, en el peor de los casos, misiles a las puertas rusas.
El grupo terrorista Hamás atacó a Israel en función de una lógica bélica de tipo histórico, provocando una respuesta brutal israelita que está a punto de borrar del mapa a la franja de Gaza y quitarle una posición estratégica territorial a los palestinos.
En ambos casos, las políticas exteriores de países no beligerantes deben buscar posicionamientos intermedios y no caer en el camino fácil de colocarse detrás de Estados Unidos, una potencia mundial que quiere seguir arrinconando a Rusia y que tiene intereses estratégicos y de seguridad nacional con el bloque-lobby judío que domina la política de Israel en el mundo.
Países como México y a pesar de su presencia circunstancial en el Consejo de Seguridad de la ONU no tienen instrumentos políticos para influir en los debates bélicos que están definiendo un nuevo marco de dominación militar y geopolítica de la Casa Blanca. De ahí que la no beligerancia, no intervención y no acatamiento de las decisiones estadounidenses sea por sí misma una redefinición de la diplomacia mexicana frente a un nuevo reordenamiento imperial del mundo.
Zona Zero
A pesar de los indicios y avisos, la estrategia gubernamental respecto a la crisis en Acapulco y en general en Guerrero por los daños causados por Otis, la declaratoria del fin de la emergencia no está atendiendo un tema central: la presencia antes y después de grupos del crimen organizado y de bandas delictivas desorganizadas que están aceptándose ante una estrategia gubernamental de seguridad basada sólo en la disuasión presencial policíaca.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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