Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – A dos meses de que “el pueblo se levantó” en la comunidad de Frontera Corozal, Ocosingo, para exigir seguridad por la presencia de cárteles de la droga, el comisionado para la paz en esa localidad situada en la selva Lacandona, Esquivel Cruz González, comentó que “la situación está medio controlada, pero seguimos aplicando una especie de toque de queda para protegernos”.
Dijo que a la fecha siguen sin clases los alumnos de tres jardines de niños, tres primarias, una secundaria y una preparatoria; el transporte público hacia Palenque se reanudó hace apenas cuatro días y la presencia de turistas nacionales y extranjeros sigue suspendida por seguridad.
Señaló que desde hace dos meses se mantiene en la entrada de la localidad, la presencia de miembros de la guardia comunitaria formada por los mismos pobladores que por las noches, principalmente, portan armas de fuego.
Explicó en entrevista desde San Cristóbal de las Casas que para mantener la seguridad, los guardias llevan un control de la entrada y salida de los habitantes de Frontera Corozal, limítrofe con Guatemala. “La salida es a las 6 de la mañana a la entrada a las 5 de la tarde. Los que salen y entran se anotan en una lista y si a determinada hora no han regresado se pregunta qué pasó. Hay control de entradas y salidas”.
-¿Hay una especie de toque de queda?
-Definitivamente. No lo queremos hacer así, pero es por la seguridad, no hay otra opción. El gobierno ha estado lento. Tiene que cumplir para dar la seguridad.
Cruz González manifestó que “la situación se ha medio controlado por la presencia de las fuerzas de seguridad; está ayudando, pero necesitamos más acciones muy concretas para darle certeza a los ciudadanos, al turismo y a todo lo que mueve la economía de la comunidad. Queremos vigilancia permanente y que se revisen los vehículos para saber qué trasladan. Los elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como los agentes de la Guardia Nacional sólo mantienen presencia por ahora”.
Añadió que han recibido “muchas solicitudes de agencias de viaje que piden que se reanude la presencia de turistas, pues tienen reservaciones, pero por seguridad del mismo pueblo y de los visitantes se acordó que no hubiera turismo”.
Reiteró que “estamos preocupados por la reactivación de la economía y las actividades sociales, pero es necesario que se sienta segura la población para ir a sus parcelas y centros de trabajo; por ahora la gente se organiza en grupos para ir protegida a sus parcelas”.
Remarcó que “estos dos meses han sido muy complicados. Hay temor y miedo. No se puede dormir bien; para los habitantes de Frontera Corozal ya no es lo mismo. Hoy se camina en la calle y es totalmente diferente. Nos ha cambiado la vida, pero esperamos que se regularice; creemos que todavía hay posibilidades de regresar a como era antes”.
Recordó que fue hasta después del 12 de octubre en que la comunidad “resguardó” a ocho policías estatales durante 12 días, que las autoridades federales atendieron su petición de incrementar el número de uniformados en la zona para que brinden seguridad. “Actualmente existe presencia de unos 200 elementos”.
Acompañado por Paulino Ramírez Torres, comisionado para la paz también, Esquivel Cruz sostuvo que “el 11 de octubre se levantó el pueblo para defenderse de la inseguridad porque el grupo delictivo quería cobrar derecho de piso. Nos tuvimos que levantar porque el gobierno ha hecho caso omiso a las solicitudes que desde 2019 le hemos mandado sobre la inseguridad. Por eso nos levantamos para exigirle que cumpla con su responsabilidad”.
Dijo que su comunidad “es hoy un pueblo distinto, cambió el sentido de vivir, nuestra libertad es diferente, pero hemos avanzado en algo como pueblo porque el gobierno no ha podido concretar algo firme en apoyo a la seguridad. Ya nos pusieron un destacamento de uniformados –retén se puede decir-, ubicado en el crucero San Javier y en el crucero de Frontera Corozal, pero estamos pidiendo que también se instale un retén en Boca Lacantún, límite territorial de la comunidad lacandona con el municipio de Benemérito de las Américas, pues de nada sirve tener programas sociales si no hay seguridad”.
Comentó que “ya llevamos dos mesas de diálogo y posiblemente la tercera mesa cuya fecha no se ha acordado será la última. Pero no podemos seguir aplazando el tiempo, pues estamos preocupados por la reactivación de la economía y las actividades sociales”.
Concluyó: “Seguimos manifestando al gobierno federal que queremos regresar a la paz, pero la paz no se logra sin justicia. Le exigimos que le ponga a tención al problema; le hemos entregado documentos desde 2019 hasta 2023, pero por no actuar, el 11 de octubre estalló el conflicto y se salió de control; el pueblo tomó las riendas para asegurarnos nosotros mismos porque de lo contrario, el grupo delictivo, como ha pasado en otros lugares, quería someternos y no queremos eso, sino vivir en paz, tranquilidad y libertad como en otros tiempos”.
