A ver a ver, los fideicomisos del Poder Judicial, extinguidos por Morena en el Congreso, se han vuelto el objeto del deseo presidencial para paliar la desgracia en Acapulco.
Hay varias reflexiones sobre este tema.
La primera, ¿para qué quiere el gobierno esos recursos? ¿No había anunciado que tenía “recursos ilimitados’’ para atender la emergencia?
Los 15 mil millones de los 13 fideicomisos “extinguidos’’, en realidad le servirán a este gobierno para tapar el hoyo inmenso que dejó la extinción -esa sí concretada- del Fondo para prevenir desastres naturales, el Fonden.
López Obrador tuvo la ocurrencia, porque no se trata de un programa armado, concreto, planeado, de sugerir que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se aplicarán en Acapulco.
Lo que no contaba, es que la presidenta de la Corte, Norma Piña, le tomara la palabra y pidiera “un canal institucional’’ para negociar la propuesta.
De hecho, la respuesta de Piña tomó por sorpresa al Presidente a sus consejeros que, hasta el cierre de este espacio no habían dicho esta boca es mía.
Pero también tomó por sorpresa a los trabajadores del Poder Judicial, de todos los rangos; algunos incluso interpretaron como que Piña había rendido la plaza y estaba resignada a perder esos cuantiosísimos recursos.
Los mismos defensores ciudadanos de esos recursos se sorprendieron por la respuesta de Piña, de la cual se esperaba una defensa más radical.
Sin embargo, Piña lanzó el anzuelo buscando, efectivamente, un canal oficial para una negociación con López Obrador.
Veladamente, el texto deja ver que, efectivamente, el Poder Judicial está dispuesto a participar en la reconstrucción de Acapulco, pero sin dejar de defender los derechos de sus trabajadores.
Es decir, sí, pero no todo.
Todo lo anterior, empero, quedó en al aire luego de que Juan Fernando Luévano Ovalle, juez décimo de Distrito con sede en Chihuahua, concediera un amparo provisional a la magistrada María del Carmen Cordero, en contra de la extinción de los fideicomisos.
La orden del juez implica que el Poder Judicial puede seguir manejando esos recursos hasta que se realice la audiencia incidental, el 9 de noviembre próximo, en la que se determinará si el amparo es definitivo.
López Obrador sabía que eso iba a ocurrir, al igual que Piña, pues los amparos se han presentado en varios frentes por distintos actores.
Obviamente el millón de personas damnificadas no pueden esperar ni depender del fallo de un juez, por lo que el gobierno, en lugar de estar atado a las ocurrencias presidenciales, debería girar las órdenes conducentes para que los recursos ilimitados que dijo tener comiencen a fluir de manera más palpable.
Porque hasta ahora, todo ha sido discurso.
****
El lunes pasado, durante la reunión que tuvo con banqueros, Claudia Sheinbaum destacó que la economía de México se encuentra en un gran momento de crecimiento.
“La economía nacional está en expansión, acumula 8 trimestres de crecimiento continuo. Para 2023 y 2024 se estima un crecimiento entre 2.5 y 3.5 por ciento.
“El mercado laboral ha ganado solidez, con tasas de desempleo en mínimos históricos y el salario mínimo se incrementó durante los últimos 5 años 88% en términos reales’’, dijo.
La morenista también dijo a los hombres del dinero que “con el manejo responsable de las finanzas públicas en el país, la deuda es sostenible y en 2024 será de 48.8% del PIB’’.
A ver.
@adriantrejo
