Destacan ausencia de cámaras de seguridad
JUAN R. HERNÁNDEZ
El diputado del PAN, Aníbal Cañez Morales, ha propuesto una iniciativa para hacer que las empresas propietarias de bares, antros y restaurantes sean responsables penalmente en caso de que se cometan delitos en sus establecimientos, como la adulteración y contaminación de bebidas, tal como está previsto en la Ley General de Salud.
Esta propuesta busca abordar el problema de crímenes impunes que ocurren en estos lugares.
De acuerdo con el panista, la iniciativa sugiere que las empresas puedan ser consideradas responsables penalmente si se demuestra que no han implementado controles internos efectivos en sus organizaciones para prevenir la comisión de delitos en sus establecimientos.
Esto se refiere a la falta de medidas de seguridad y prevención adecuadas, como la ausencia de cámaras de seguridad, personal de seguridad capacitado y protocolos de prevención efectivos.
El diputado también ha propuesto que los establecimientos mercantiles estén obligados a contar con cámaras de seguridad para evitar delitos conocidos como “goteros” o “goteras”, en los que los clientes son drogados y luego robados o secuestrados.
Se argumenta que la falta de seguridad y prevención dentro de los establecimientos permite la comisión de estos delitos y la impunidad de los perpetradores.
Además, se menciona que la corrupción entre las autoridades locales y los dueños de los establecimientos mercantiles a veces facilita prácticas ilegales, en las que incluso grupos delictivos pueden estar involucrados.
La iniciativa propone reformas al Código Penal local para abordar esta problemática y promover una mayor seguridad en los establecimientos mercantiles. Se enfatiza que hay varias acciones y medidas de control que los establecimientos pueden implementar, como la revisión constante de cámaras de seguridad, la revisión aleatoria de bebidas, la capacitación del personal y canales internos de denuncia anónima, con el fin de prevenir la comisión de delitos en sus instalaciones.
El diputado Cañez señala que la administración de sustancias químicas o drogas en bebidas sin el consentimiento del consumidor es un delito que a menudo se utiliza para cometer otros delitos, como robo, abuso sexual, violación y secuestro.
La propuesta busca abordar esta actividad delictiva, que lamentablemente está aumentando con frecuencia.
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