REDACCIÓN
Ciudad de México.- En México, a pesar de que el 73% de la población está a favor de legalizar la eutanasia, la práctica sigue estando prohibida y penalizada en todo el país como “homicidio por piedad”. Actualmente, el debate se centra en la Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana y legislativa impulsada recientemente para garantizar el derecho a una muerte digna.
El Artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe explícitamente la eutanasia y el suicidio asistido.
Quien ejecute o auxilie en una muerte asistida puede enfrentar de 4 a 12 años de prisión según el Código Penal Federal.
20 de los 32 estados cuentan con leyes de voluntad anticipada (ortotanasia), que permiten rechazar tratamientos para prolongar la vida artificialmente, pero esto no es eutanasia activa.
Presentada formalmente ante el Congreso en octubre de 2025, la Ley Trasciende busca reformar el marco jurídico para despenalizar la muerte asistida en pacientes terminales.
“¿Por qué tenemos que ir a hacer uno de los procesos más naturales de la vida a otro país, del otro lado del mundo, en el que obviamente no puedes ir con toda tu familia, al menos que seas millonario? ¿Y por qué morir dignamente tiene que ser el privilegio de unos cuantos y no el derecho de todos?”, señaló Samara Martínez, activista de 31 años que padece enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal.
La oposición legislativa y de grupos conservadores o religiosos frena el avance. Críticos advierten que, sin un sistema de salud robusto y cuidados paliativos universales, la eutanasia podría usarse como una “salida fácil” por falta de recursos médicos.
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