Redacción
El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México emitió los lineamientos para la operación del Registro de Personas Servidoras Públicas y Particulares Sancionadas, una herramienta que permitirá concentrar, consultar y dar seguimiento a las sanciones administrativas firmes impuestas dentro del Poder Judicial mexiquense.
La medida forma parte de los cambios derivados de la reforma judicial de 2025 y busca fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia sobre la actuación de servidores públicos judiciales y particulares sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa.
De acuerdo con el Tribunal, el nuevo registro permitirá dar publicidad a las sanciones impuestas y ofrecer mayor certeza jurídica sobre las resoluciones emitidas por las autoridades competentes en materia disciplinaria.
El sistema incluirá información relacionada con personas servidoras públicas que desempeñan funciones jurisdiccionales, así como de particulares sancionados, con el propósito de contar con un historial administrativo accesible para las instituciones públicas y la ciudadanía.
Además, se contempla una versión pública simplificada que mostrará datos como el nombre de la persona sancionada, el cargo desempeñado, la falta administrativa cometida y la sanción impuesta, a fin de facilitar su consulta y comprensión.
Entre las funciones del registro también se encuentra la expedición de constancias de sanción o de no inhabilitación, documentos que podrán ser solicitados por dependencias y organismos públicos para verificar antecedentes administrativos de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del servicio público.
El Tribunal señaló que esta herramienta se encuentra alineada con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la legislación local aplicable en la materia.
Con la entrada en operación de este mecanismo, la institución busca fortalecer la confianza ciudadana en los procesos disciplinarios del Poder Judicial y prevenir conductas contrarias a las obligaciones de quienes ejercen funciones públicas.
