REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La Secretaría de Movilidad del Estado de México llegó a la mitad de la administración estatal reconociendo una de las principales debilidades del sistema de transporte público: la falta de control sobre miles de unidades que diariamente trasladan pasajeros en territorio mexiquense.
El secretario Juan Hugo de la Rosa García informó que aproximadamente el 50 por ciento de los vehículos destinados al servicio colectivo opera sin encontrarse plenamente incorporado a los registros oficiales. La declaración representa el primer reconocimiento público de la magnitud del problema por parte de la dependencia responsable de ordenar y supervisar el sector.
La admisión también coloca bajo escrutinio las acciones emprendidas durante los últimos tres años. Desde el inicio del gobierno estatal se aprobaron ajustes a las tarifas del transporte público y se concedieron diversos beneficios administrativos a empresas concesionarias con el propósito de facilitar procesos de actualización documental y modernización vehicular. Sin embargo, los resultados exhiben que la informalidad continúa extendida en amplias regiones de la entidad.
Aunque el funcionario anunció la puesta en marcha de plataformas digitales para simplificar trámites y la conformación de un registro público de operadores, evitó precisar las razones que permitieron la permanencia de un universo tan amplio de vehículos fuera del control gubernamental. Tampoco presentó una ruta con fechas definidas para corregir el rezago ni detalló cuántas unidades han sido incorporadas a la legalidad durante la presente gestión.
La situación genera cuestionamientos debido a que la autoridad estatal ha contado con facultades para verificar concesiones, supervisar documentación y retirar de circulación vehículos que incumplan la normatividad. A pesar de ello, el problema persiste y ahora es reconocido por la propia dependencia.
Diversas voces dentro del sector señalan que una parte del denominado transporte irregular podría estar vinculada con grupos empresariales formalmente concesionados. Bajo este esquema, algunas unidades prestarían servicio sin aparecer en los registros para evitar pagos, obligaciones laborales, seguros y otras disposiciones legales, obteniendo ventajas económicas frente a quienes sí cumplen con los requisitos establecidos.
La ausencia de controles efectivos también repercute en la seguridad de los usuarios. Sin una base de datos confiable resulta más complejo identificar operadores, verificar condiciones mecánicas de los vehículos o garantizar coberturas ante accidentes. Además, el gobierno deja de captar recursos derivados de refrendos, derechos y sanciones administrativas.
A mitad del sexenio, el reconocimiento oficial no sólo confirma la existencia de un problema estructural, sino que evidencia que las medidas aplicadas hasta ahora no lograron revertir una irregularidad que afecta la movilidad diaria de millones de mexiquenses. La principal interrogante sigue sin respuesta: quién permitió que el transporte fuera del padrón alcanzara tal dimensión y quiénes se han beneficiado de esa situación durante años.
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