REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el Estado de México, la búsqueda de justicia para Itzel continúa sin una resolución definitiva. A más de ocho meses de la captura de José Ignacio “N”, señalado como presunto responsable de su feminicidio, el procedimiento judicial permanece sin sentencia, situación que ha generado inconformidad entre familiares, activistas y habitantes de la región de los volcanes.
Durante la más reciente audiencia realizada en los juzgados anexos al penal de Huitzilingo, en Chalco, no se emitió una determinación de fondo. La representación legal del imputado solicitó más tiempo para definir si recurrirá a un procedimiento abreviado o si el caso seguirá su curso ordinario, decisión que volvió a aplazar la conclusión del proceso.
Para la familia de la joven, la demora representa una prolongación del sufrimiento. Tulia González, madre de la víctima, ha insistido en que existen elementos suficientes para que las autoridades judiciales emitan una resolución. Entre ellos se encuentran testimonios, dictámenes periciales y diversas evidencias incorporadas a la carpeta de investigación desde los primeros días posteriores a la desaparición.
Itzel fue reportada como desaparecida el 7 de octubre de 2025. Dos días después, su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna en un inmueble ubicado en Tepetlixpa, hecho que provocó indignación entre vecinos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
Desde entonces, colectivos como Feminismo Zona Oriente Volcanes han acompañado a la familia en movilizaciones, audiencias y actividades de exigencia pública. Sus integrantes sostienen que la lentitud de los procedimientos judiciales provoca desgaste emocional y económico para quienes buscan justicia, además de generar desconfianza en las instituciones encargadas de sancionar este tipo de delitos.
La próxima audiencia fue programada para el 22 de junio. Mientras tanto, familiares y activistas mantienen la exigencia de que el caso avance sin nuevas dilaciones. Consideran que cada aplazamiento retrasa la reparación del daño y profundiza la percepción de impunidad que persiste en numerosos casos de violencia feminicida.
Además de la afectación emocional, los traslados constantes a juzgados y centros penitenciarios representan gastos que deben asumir los familiares, quienes han tenido que reorganizar sus actividades laborales y personales para acudir a cada diligencia. La falta de una resolución mantiene suspendido el cierre de una etapa marcada por el dolor y la incertidumbre.
Organizaciones civiles han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales para garantizar procesos más ágiles y evitar que las víctimas indirectas enfrenten años de espera antes de conocer una sentencia. También demandan una atención integral que incluya acompañamiento psicológico y asesoría especializada para las familias.
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