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Redacción

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, anunció que solicitará licencia para ausentarse de las sesiones extraordinarias del Senado previstas para los días 28 y 29 de mayo, luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador aseguró que se encontraba en la Ciudad de México y que acudió desde el día anterior a la sede del Senado para atender la convocatoria legislativa, aunque decidió separarse temporalmente de sus actividades parlamentarias ante lo que calificó como una “embestida mediática”.

“En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”, expresó el senador morenista, quien señaló que su suplente, Omar López Campos, será quien participe en las sesiones extraordinarias.

Pese a la licencia temporal, Inzunza afirmó que continuará involucrado en los trabajos legislativos desde fuera del pleno, participando con opiniones y argumentos en favor de los dictámenes que discutirá su bancada.

El legislador fue citado recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir entrevista ministerial, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, luego de que autoridades estadounidenses los señalaran en investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa y presuntos delitos de narcotráfico.

La FGR informó que las comparecencias forman parte de una indagatoria derivada de acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se investiga a diez ciudadanos mexicanos por posibles vínculos con actividades delictivas.

Entre las personas requeridas también se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como exmandos de seguridad y funcionarios estatales. De acuerdo con la fiscalía mexicana, las entrevistas ministeriales buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que Estados Unidos no presentó pruebas contundentes sobre las acusaciones y pidió a la FGR realizar una investigación propia antes de determinar cualquier acción judicial relacionada con las solicitudes estadounidenses.

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