Redacción
En los últimos años, el mercado inmobiliario en México ha sido escenario de diversos fraudes que han dejado pérdidas millonarias y cientos de víctimas. Desde esquemas tipo Ponzi hasta ventas de propiedades inexistentes, estos casos evidencian fallas en la regulación y supervisión del sector.
Uno de los fraudes más relevantes ocurrió en Jalisco en 2022, donde Luis Oswaldo Espinoza Marín encabezó un esquema Ponzi inmobiliario a través de la empresa AJP. El caso dejó afectaciones estimadas entre mil y mil 600 millones de pesos, con promesas de rendimientos irreales que se sostenían con el dinero de nuevos inversionistas.
En 2025, Quintana Roo, particularmente en Tulum, fue escenario de otro fraude significativo. Pedro Babb fue señalado por un preventa irregular que acumuló cerca de 57 millones de pesos en afectaciones, al ofrecer proyectos que nunca se construyeron.
Ese mismo año, en Sonora, la empresa Pixie Bienes Raíces fue acusada de simular operaciones de compraventa. El fraude dejó pérdidas de entre 35 y 40 millones de pesos, derivadas de la venta de propiedades sin validez legal.
La Ciudad de México también figura en la lista con un caso detectado en 2025. Un individuo identificado como Alfredo N habría cometido fraude inmobiliario serial mediante contratos falsos, acumulando más de 80 casos. Se estima que algunas víctimas perdieron hasta 400 mil pesos.
Finalmente, uno de los casos más grandes ocurrió en Veracruz en 2017, con la empresa Homex. Este fraude corporativo internacional dejó afectaciones por más de 3 mil 300 millones de pesos, derivadas de ventas infladas e información financiera falsa.
Estos casos reflejan patrones recurrentes: promesas de altos rendimientos, falta de respaldo legal en propiedades y uso de nuevos inversionistas para cubrir obligaciones previas.
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