El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de candidatos a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025.
Ambos legisladores expusieron que 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada y 8 candidatos más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
El informe que presentaron, acreditó la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas.
También documentaron que algunas de ellas, actuaron como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna. Asimismo, insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, señaló Gutiérrez Luna.
Asimismo, solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.
