Puede distraerse con ovnis.
O con aluxes, pues es parte de sus aficiones.
No por su edad, 79 años, pero Ignacio Ovalle Fernández tiene esa opción, pues parece haber llegado al final de su larga carrera en la función pública.
Fructífera desde cuando Luis Echeverría lo encumbró como secretario de la Presidencia y fue rescatado luego por José López Portillo, quien le creó un gran organismo.
Lo designó director del Instituto Nacional Indigenista (INI) y le sumó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, mejor conocida como Coplamar.
Y si usted conoce hoy el sistema IMSS-Bienestar encomendado a Zoé Robledo, en los setentas se creó el IMSS-Coplamar con el mismo propósito de brindar atención sanitaria y hospitalaria a millones de abandonados.
Desde aquellos tiempos nuestros indígenas son piedra vertebral de los discursos oficiales pero no centro de las atenciones gubernamentales, aunque en su nombre se le exija, medio milenio después, a España ofrecernos disculpas.
INVESTIGACIONES
¿Dónde está la buena suerte de Ignacio Ovalle Fernández?
En su plena libertad.
Cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió su investigación en 2020, se esperaban acciones radicales de Andrés Manuel López Obrador.
A la difusión del fraude por 15 mil millones de pesos el tabasqueño reaccionó con la asignación de un nuevo cargo: hizo a Ovalle Fernández coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
¿Cuáles eran sus funciones en ese ente de la Secretaría de Gobernación?
¡Dar lecciones de transparencia, honestidad y buena administración a diputados estatales, alcaldes, contralores y otros funcionarios de los casi dos mil 500 municipios!
Se acabó el sexenio y su encomienda.
Interrogada sobre si lo reinsertaría en el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum contestó con un rotundo ¡no!, pero no hay investigaciones sobre su desempeño en el desfalco de Segalmex.
No hay denuncias en su contra, argumentan en la Fiscalía General de la República, pero sí hay procesos contra varios funcionarios suyos e investigaciones por compras y pagos indebidos.
Inclusive se ha detectado una red interna según la cual el exdirector de Administración, René Gavira, pretendía enajenar parte del patrimonio inmobiliario, de Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Su operadora sería Marisol Buendía Cisneros, quien encabezó una red de despojos en Puebla y, según la Procuraduría estatal, desapareció partidas originales de la 219 a la 366 del Libro IV, Tomo 32.
Las investigaciones ya fueron atraídas por la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, pero eso no quita el manto protector de Ignacio Ovalle Fernández.
PERDÓN A CAPOS
Hoy es noticia generalizada en los medios mexicanos la suerte de los capos mexicanos en la Corte Federal de Nueva York.
Nada nuevo en 24 HORAS: el viernes pasado leyó usted en este espacio la segura incorporación de testigos protegidos de varios de ellos.
A la larga lista se incorporarían, adelantamos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y Genaro García Luna.
También se analiza si este beneficio de reconsideración por parte de la justicia estadounidense se extiende a Guzmán Loera con una prisión menos dura y acaso domiciliaria.
@urenajose1
