Después de casi seis años, el Senado de la República concluyó el último periodo ordinario de la LXV Legislatura entre leyes pendientes de aprobar, más de 100 nombramientos sin designar, incluyendo dos magistrados del Tribunal Electoral, y con 35 impugnaciones de reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que para activistas y expertos se traduce en falta de voluntad política.
Por ejemplo, la reforma que permitiría regular el trabajo notarial desde la Constitución, la Ley de cáncer y la Ley para mejorar las condiciones de policías, se encuentran entre los pendientes que dejó el Senado de la República ante la falta de acuerdos entre la oposición y la mayoría de Morena y sus aliados.
Aunado a más de un centenar de designaciones pendientes, como tres comisionados del Inai, dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 49 magistrados de tribunales electorales estatales, 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y consejeros del Sistema de Radiodifusión Pública y del órgano evaluador de la educación.
Pese a la larga lista de pendientes e iniciativas rezagadas, en noviembre 88 senadores se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) buscando la reelección, aunque por sus procesos internos no todos consiguieron la venia de sus partidos.
En el tema de los dos magistrados que faltan en el TEPJF, estos hacen falta para calificar la elección presidencial, que se llevará a cabo el próximo 2 de junio, por lo que se pone en riesgo los comicios al tener que recurrir a mecanismos de emergencia para solventar esta ausencia.
Uno de los casos más relevantes es la Ley de cáncer, en el que la falta de voluntad política y presupuestal para llevarla a cabo truncó su camino en el Senado, ello a pesar de que, días antes de morir, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Pablo Adame, exhortara a sus compañeros de legislatura a sacar adelante dicha reforma.
Al respecto, Kenji López, presidente de Cáncer Warriors México y principal impulsor de la Ley General de cáncer reconoció que, “a pesar de los buenos deseos, faltó voluntad política para su aprobación”, señaló en entrevista con 24 HORAS.
Destacó la necesidad de contar con una Ley General de Cáncer “que garantice la estructuración y permanencia transexenal de un Plan Nacional de Control de Cáncer, política pública rectora recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2005”.
La iniciativa, que estaba siendo analizada por las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores garantizaba la protección de los derechos de las y los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, “cuya incidencia anual oscila entre los 192 y 195 mil nuevos casos, de los cuales entre el 70 y el 80% son diagnosticados en etapas avanzadas”.
Mientras que sobre la Ley de notariado, Eduardo Ruiz Orozco, presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos destacó que se brinda una oportunidad para que los próximos legisladores la retomen y hagan un análisis más amplio.
Yes que la falta de consenso y controversia generada por las reformas al trabajo notarial propuestas por la senadora Olga Sánchez Cordero, también dejó esta iniciativa como uno más de los pendientes del Senado, lo que ha decir de los corredores públicos, es una oportunidad para hacer un análisis del tema.
La propuesta presentada en enero de 2022 y que pretendía establecer el rol social de la actividad notarial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “evitando la creciente colonización de otros sistemas jurídicos”, ocasionó diversas reacciones tanto por los notarios como por los corredores públicos quienes por un lado no estaban de acuerdo en que los notarios dejaran de ejercer después de los 70 años de edad; mientras que los corredores se quejaban de haber sido discriminados al quitarles facultades como fedatarios públicos.
El del Colegio Nacional de Corredores Públicos, consideró que “el hecho de que ya no se haya aprobado esta iniciativa en esta Legislatura abre una gran oportunidad para que en la Legislatura que viene se haga un trabajo con una finalidad de integración, de inclusión en beneficio de la ciudadanía”.
Además, Morena y sus aliados tampoco hicieron caso a una iniciativa presentada por la panista Gina Cruz Blackedge, que permitía garantizar mejores condiciones de trabajo a policías, custodios, personal de los ministerios públicos y peritos del país.
“Hay que ser muy ruines para negarse a que todas aquellas personas que día a día arriesgan su vida para proteger las nuestras; reciban un trato justo, para que cuando se les inicie un procedimiento administrativo, no pierdan su trabajo, su sueldo y sus prestaciones, como sucede con cualquier funcionario público”, refirió la senadora.
A todo ello, hay que agregar la interposición de 35 demandas para invalidar leyes inconstitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que existieron violaciones a la Constitución o al procedimiento parlamentario.
