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El crimen organizado y los operadores de los programas sociales que condicionan los apoyos a cambio del voto, pueden incidir en las elecciones gracias a los teléfonos celulares.

 

Ya se vio en pasadas elecciones, que el crimen organizado ordena a una población votar por tal o cual candidato y piden como prueba de que se cumplió su orden, una foto del ciudadano y la boleta, tomada con el teléfono celular.

 

También se ha comprobado que los operadores de los programas sociales, con listas en la mano, se posicionan cerca de las casillas, para poder comprobar que se votó como ordenaron; la prueba es, una vez más, la foto del celular.

 

Si en el INE conocen de sobra cómo es que operan tanto la delincuencia organizada como los operadores partidistas, ¿por qué no han tomado la decisión de prohibir el acceso a las casillas de votación con el teléfono celular?

 

No se tiene que legislar para hacerlo.

 

Bastaría un acuerdo del Consejo General para ordenar que no ingresen ciudadanos con sus teléfonos a los espacios en donde emiten sus votos.

 

Una medida tan sencilla reduciría sustancialmente el margen de operación tanto del crimen organizado como de los operadores partidistas.

 

Una medida administrativa podría darle certeza y seguridad a los ciudadanos en las zonas en las que la delincuencia organizada les impuso candidatos indeseables.

 

La oposición debería presionar para que, efectivamente, el INE se pronuncie al respecto; a menos que también obtengan un beneficio de esta operación.

 

Aún si fuera así, el INE, en aras de la equidad y la seguridad de las elecciones, tendría que vigilar que los votantes no fueran cohesionados para votar a favor de cierto candidato o coalición, pero parece que las autoridades electorales están más distraídas en asuntos menores que en este tema, fundamental para el resultado del próximo dos de junio.

 

No se debe permitir entrar con celulares a las casillas de votación, por el bien del país.

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En el país en el que solo las autoridades y los candidatos del partido oficial ven un proceso electoral pacífico y ejemplar, dos políticos fueron asesinados ayer.

 

El primero, Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, y horas más tarde ocurrió el homicidio de Antonio Crespo Bolaños, regidor de Chilpancingo, Guerrero.

 

Pero vamos requeté bien.

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Por cierto, el Congreso de Guerrero avaló la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, lo que debe considerarse como un triunfo de la gobernadora (es un decir), Evelyn Salgado.

 

En la petición para removerla, Salgado dijo al Congreso que la ahora exfiscal nunca investigó los crímenes de alto impacto y que no había pasado los controles de confianza recientes.

 

La última vez que la exfiscal pasó un control de confianza fue ¡en el 2019!

 

Claro que está información justifica por demás la remoción de la funcionaria (en otra columna le informamos que ni el 1% de las carpetas de investigación que inició en el 2023 se judicializaron. Y fueron más de 1,300), pero también habría que fincarle responsabilidad a la gobernadora pues toleró que Luz Valdovinos cobrara, por muchos meses, sin resultados.

 

Ahora el clan Salgado tiene en sus manos la Procuraduría estatal, como deseaban.

 

A ver si para los guerrerenses no les resulta peor el remedio que la enfermedad.

 

       @adriantrejo

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