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Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, cuyo objetivo es establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto y garantía en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada y los derechos humanos con los que tiene interdependencia.

La nueva ley, enviada al Ejecutivo federal para su publicación, está conformada por 111 artículos y también busca priorizar los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua y el interés superior de la niñez, en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada por parte del Estado.

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También establece mecanismos de planeación, coordinación y competencia entre las autoridades de la Federación, de los estados, municipios y demarcaciones territoriales, en las acciones encaminadas a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada.

La Ley fomentará la producción, abasto, distribución justa y equitativa y consumo de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, inocuos y culturalmente adecuados, para favorecer la protección y el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, evitando en toda medida el desperdicio de alimentos; fortalece, además, la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país.

Señala que todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho a una alimentación adecuada en todo momento, y a disponer de alimentos para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

Indica que todas las autoridades del Estado y de acuerdo con los recursos aprobados para esos fines, tienen la obligación de promover, respetar y proteger el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada.

La diputada Nelida Ivonne Díaz (PRI) explicó que esta ley busca garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, contemplado en el Artículo 4 constitucional, por lo que dispone el acceso a la alimentación a todas las personas sin tomar en cuenta sus posibilidades de acceso económico y físico, a fin de abolir la restricción de alimentos nutritivos concretos.

De esta manera, se entrega la responsabilidad al Estado mexicano de atender esta necesidad humana, dijo.

Precisó que esta ley considera los diversos elementos normativos de derecho a la alimentación, incluyendo el deber del Estado de garantizar la asequibilidad física y económica de los alimentos a toda la población, de asegurar la producción suficiente con atención a los criterios de sostenibilidad, de fomentar las formas de producción de pequeña escala que diversifican el abasto familiar.

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En tanto, la diputada Aleida Alavez (Morena) apuntó que en un mundo donde los desafíos alimentarios y medioambientales son cada vez más apremiantes, por lo que es crucial tomar medidas concretas para garantizar la seguridad alimentaria y promover prácticas sostenibles en la cadena de producción y distribución.

Por ello, dijo, el objetivo de esta ley es establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto y garantía en el ejercicio efectivo de este derecho.
Además, promueve la generación de entornos alimentarios sostenibles que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.

CSAS

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