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El fallecimiento de Carlos Urzúa ha dejado un vacío que trasciende las líneas partidistas. Más allá de discrepancias y desacuerdos, su legado no se reduce a los cargos que ocupó, sino en su capacidad para señalar las carencias y proponer soluciones; cuestión que nos hace reflexionar sobre la importancia de una gestión responsable de los recursos, la transparencia y la necesidad de superar las disputas políticas en favor del bien común.

En ese contexto, la última columna escrita por él abordó un tema crucial: el agua. Un recurso esencial, pero cuya escasez se ha vuelto una amenaza latente. Urzúa, con su estilo directo y crítico, señaló que durante los primeros cinco años del gobierno, la importancia del agua fue subestimada. Sin embargo, ahora, ante la inminente crisis hídrica, se evidencia un cambio de postura, donde el encuentro apresurado con autoridades locales muestra una reacción necesaria, aunque tardía, para enfrentar el problema que afecta no sólo al Valle de México, sino a diversas regiones del país.

A su vez, la comparación de las asignaciones presupuestarias entre la Conagua y el sector petrolero revela una desproporción preocupante. Mientras que la Conagua recibió 63 mil millones de pesos, Pemex contará con cerca de 140 mil millones, sin mencionar la condonación de 80 mil millones de pesos para la empresa petrolera.

En ese sentido, considero que el llamado de Urzúa resalta la importancia de asignar una porción significativa del presupuesto a inversiones destinadas a abordar los desafíos relacionados con el agua, al tiempo que pone de relieve la necesidad de una revisión integral e imparcial del marco legal para garantizar una gestión efectiva del recurso.

Ante esto, no cabe duda que se debe fortalecer la confianza en la Conagua, así como rescatar a los organismos operadores y aumentar la inversión local transparente y sujeta a principios de gobierno corporativo.

Si bien es inevitable que el agua continúe siendo un tema político en contextos electorales, debemos avanzar hacia la implementación de políticas económicas e hídricas integrales, pues a pesar de contar con tecnología disponible, aún persisten pasos por dar y estigmas por superar.

Quizás sea necesaria una mayor inversión, aunque para avanzar en este sentido, se requiere asumir deudas y recurrir a impuestos. No obstante, se tiene que establecer una economía del agua, fomentar una cultura que valore este recurso y desarrollar una política hídrica nacional con un enfoque multidimensional y centrado en las particularidades de cada estado.

A su vez, se deben reconocer y abordar las necesidades de las comunidades adecuadamente, considerando todas las dimensiones pertinentes, sin dejar de lado al sector privado, ya que sin él no hay industria, así como sin agua no hay agricultura.

En tales circunstancias, la modernización e innovación son fundamentales para garantizar el derecho humano al agua. Sólo de esta manera podremos superar las expectativas del pasado y avanzar hacia un futuro más sostenible en términos de acceso y gestión del agua, tal y como Urzúa advertía.

 

Consultor y profesor universitario

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