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En junio de 2021 se enunciaron las primeras advertencias sobre la gestación de una guerra civil en Chiapas y, con el paso de los años, no sólo se convirtieron en una realidad, sino que el ambiente violento incrementó hasta derivar en una crisis humanitaria, declararon defensores de derechos humanos durante la presentación del informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control de territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

Ahora, los ciudadanos de 12 municipios de la zona limítrofe viven entre múltiples enfrentamientos armados, donde los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS), constantemente utilizan artefactos explosivos, drones artillados, queman vehículos y bloquean las vías de comunicación para ganar dominio en la zona.

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En un mes y 13 días (todo enero de 2024 y los primeros de febrero) más de tres mil personas fueron desplazadas, informó Carlos Ogaz, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Mientras tanto, de junio de 2021 a noviembre de 2023, siete mil 500 ciudadanos abandonaron su casa, es decir, ahora hay un total de diez mil pobladores que se refugian en Comitán y en la cabecera de Socoltenango, uno de los municipios más afectados junto con Chicomuselo y La Concordia.

A la par es difícil llevar registros precisos del fenómeno porque la gente no acude a denunciar debido a la desconfianza en las autoridades locales, quienes están relacionadas con ambos grupos delincuenciales, acusan.

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“Los agentes de los tres niveles de Gobierno están coludidos con las organizaciones criminales (…) (la colusión) es el sustrato de la violencia en la frontera de Chiapas, las fuerzas castrenses no están exentas de esta colusión”, apuntó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.

EAM

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