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OMAR MONTALVO

Ciudad de México. – El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, adelantó que para estar a la altura de las necesidades actuales urbanas, enviará al congreso una iniciativa para reformar el código penal para que sea reconocida como un delito la corrupción inmobiliaria y ésta sea castigada con 10 a 20 años de cárcel.

El anuncio tuvo la presencia de la Contraloría capitalina y de legisladores locales, quiénes tendrán la tarea de someter a discusión y su aprobación o rechazo, a la iniciativa que firmó públicamente Batres Guadarrama.

La reforma tiene tres objetivos según indicó el secretario de gobernación, Ricardo Ruiz: disuadir el surgimiento de organizaciones similares al Cártel Inmobiliario, combatir eficazmente la corrupción y contribuir a la transformación de la política inmobiliaria.

Ruiz Suárez indicó que se adicionarán un capítulo y un artículo el cuál textualmente plantea “Comete el delito de corrupción inmobiliaria, el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.

La pena de hasta 20 años de cárcel podría incrementarse hasta un 50 por ciento si existe algún beneficio económico al funcionario o beneficiario que esté relacionado.

Martí Batres indicó que se toman estas medidas debido a que desde 2009 hasta 2021 que empezaron investigaciones se han detectado cientos de casos.

“En el año 2008 solo tenemos el caso de un nivel excedente fuera de la norma, de acuerdo a esta información que brinda un portal ciudadano; tenemos hacia el 2009, 12 casos; tenemos hacia el 2012, 158 casos y así.

Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme” declaró. Añadió que la corrupción inmobiliaria también afecta el encarecimiento de la vivienda, impacto en el suministro de agua y trae riesgos en materia de protección civil.

Batres retomó que esto ocurrió en la alcaldía Benito Juárez con “servidores públicos que pasaron por varias administraciones porque forman parte de un mismo grupo político económico que se ha beneficiado de la corrupción inmobiliaria y que constituyeron redes de corrupción inmobiliaria que afectaron a empresas a las que les pidieron ‘moches’”.

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