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El Gobierno Federal presiona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que declare constitucional el decreto que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial y que representan poco más de 15 millones de pesos.

La noche de este miércoles, a través de un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) indicó que los salarios de los trabajadores del Judicial están garantizados, por lo que los urgió a respetar la imparcialidad y respeto a la división de poderes y declare:

“La constitucionalidad del decreto que extingue los fideicomisos y ordenar que se actúe en consecuencia, con lo que, además, se honrará el compromiso de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, de devolver los recursos de los fideicomisos para ser utilizados en la reconstrucción de Acapulco por los daños causados por el huracán Otis”.

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Por lo que la Consejería reiteró la postura presidencial de que es falso que la extinción afectaría los emolumentos de los servidores públicos.

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron a finales de 2023 la extinción de los fideicomisos, con el rechazo de la Oposición, la cual impulsó acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

De tal suerte que en diciembre, el ministro Javier Lainez Potisek concedió una suspensión provisional al decreto por lo que se está a la espera de la resolución del Pleno de la Corte.

Ante ello, la Consejería destacó que salarios y prestaciones de los empleados del Judicial federal están garantizados en el 123 constitucional y otras normas laborales, por lo que:

“No existe disposición constitucional alguna que establezca el pago de prestaciones extraordinarias que no estén fijadas en la ley. Los fideicomisos no son instrumentos jurídicos para otorgar prestaciones extraordinarias a ninguna persona servidora pública”.

Y para reforzar su punto, el Gobierno cita al artículo 13 de la Constitución que establece que ninguna persona o corporación gozarán de salarios y/o prestaciones más allá de la ley, y que el decreto aprobado por el Legislativo garantiza que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos a desaparecer serán atendidos con recursos de los fideicomisos.

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De ahí que -considera la CJEF- en caso de que la Suprema actúe de manera imparcial y con respeto a la división de poderes, cumplirá con el 17 constitucional y:

“Privilegiar el análisis de la constitucionalidad de las normas por encima de formalismos procedimentales que supuestamente incumplió el Poder Legislativo, ya que, además, se dio la participación a todas las fuerzas políticas, como obliga el artículo 72 constitucional”.

Además, subrayó que el Presupuesto de Egresos de este año están garantizados los recursos para el pago de las cuotas del seguro de vida del personal civil, seguro de gastos médicos, de separación individualizado, seguro colectivo de retiro y prestaciones de retiro.

EAM

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