A seis meses del proceso electoral 2024, los hombres y mujeres a cargo de las posiciones tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE), como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han mostrado diferencias extremas que no abonan en la confianza de los lectores.
En plenas precampañas, ni los partidos, ni los candidatos han generado ninguna acción de interés masivo. El debate se ha centrado en sí sus equipos son mejores o peores.
Sin embargo, en días pasados, los cinco magistrados electorales, mostraron una fractura de tres contra dos, hecho que llevó a la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón que se hará válida hasta el último día de diciembre. El uno de enero asume la magistrada presidenta Mónica Soto. Allí, las diferencias están latentes.
En el Instituto Nacional Electoral la confrontación entre los consejeros ha impedido a la Consejera presidenta, Guadalupe Taddei a nueve meses de asumir su encargo, hacer nombramientos del secretario ejecutivo, las 10 direcciones ejecutivas, las unidades técnicas, la dirección jurídica y la coordinación de comunicación social, áreas que han operado con encargados de despacho.
La confrontación ante la propuesta de los consejeros electorales Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera de dar un ultimátum a la consejera presidenta para que en un plazo de 30 días realice los nombramientos con perfiles que encuentren consensos, dividió la opinión de los 11 integrantes del Consejo General y los representantes de los partidos políticos.
La mega elección de junio de 2024, requiere de la construcción de la confianza. Y son las autoridades electorales como el INE y el TEPJF quienes deben dar certeza a los electores y actores políticos en beneficio de la democracia.
Hoy, el escenario en la autoridad electoral es de división y polarización.
SUSURROS
En Jalisco, es apremiante que se aplique mano dura en lo que corresponde al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) local. Resulta que en la institución, que encabeza Martín Alejandro Gómez Guerrero, se eligió a ISIBIT SAPI de CV para proveer los vales de fin de año entre los trabajadores, sin importar que no cuente con luz verde para emitir dichos plásticos. Además que la firma no tiene la autorización del SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino, en el sector preocupa que se dañe su imagen como gremio debido a que está razón social no tendría ni experiencia ni solvencia económica para encarar el contrato, lo que suele resultar en casos de fraude; aunado a que se le asocia a Francisco Gustavo Pérez Juárez, conocido en el rubro por su manejo poco confiable. De esta forma, unos 11 millones de pesos se encuentran en la cuerda floja.
La senadora morenista Nestora Salgado García, visibilizó una problemática que tiene dimensiones mayúsculas. En el marco del Foro “Retos, riesgos y consecuencias de la sustitución del tratamiento, sin indicación médica”, organizado por ella, especialistas y legisladores concluyeron que la automedicación es un arma letal para los pacientes. El mal uso de los medicamentos puede provocar discapacidad y hasta la muerte.
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