Al arrancar los segundos foros de análisis de la reforma laboral que disminuiría la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales, los empresarios expusieron las implicaciones negativas de ésta, mientras que los diputados se comprometieron a aprobarla en el siguiente periodo legislativo.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, sostuvo que la implementación de esta modificación al Artículo 123 de la Constitución tendría un costo del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Al participar en la instalación en la Cámara de Diputados de la mesa de trabajo para la discusión de esta iniciativa, el líder empresarial destacó que este sector ha acompañado, “con convicción y sensibilidad social”, la aprobación del aumento al salario mínimo, las reformas a la subcontratación, a las pensiones y a las vacaciones dignas.
Cervantes Díaz precisó que 57% de los trabajadores que laboran más de 40 horas semanales están en las pequeñas y medianas empresas, las cuales representan 98% de las empresas del país y dan 72% de los empleos a escala nacional.
“Dialogaremos entonces sobre la viabilidad de que las empresas destinen (en) sus gastos un 1% adicional al PIB que es lo que se requiere para esta nueva propuesta de reforma”, expuso el presidente del CCE.
El representante de la Confederación de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Sahhar, aseguró que a las empresas les ha costado las reformas de eliminación de la subcontratación, aumento de los salarios mínimos, vacaciones dignas y modificaciones a las pensiones, un 60% adicional real de sus ingresos comparado con lo destinado en 2018 para atender sus obligaciones.
“Hasta el momento no se han presentado medidas de alivio o no se ha expuesto de manera clara ni precisa las afectaciones inmediatas que esta reforma podría tener en los negocios, en especial en las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 99.8% de los establecimientos del país”, expresó.
Alertó que la diminución de la jornada laboral podría significar una reducción de la disponibilidad de productos y de servicios, menos ingresos para los trabajadores, menos ingresos fiscales, aumentos de costos para las empresas por la contratación y capacitación a nuevos trabajadores.
Incluso, abundó Tejada Sahaar, se tendrían impactos negativos en la competitividad, inversiones, contribución a la seguridad social y menos incentivos a la inversión extranjera.
El diputado federal (PRI) y secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, pidió que el resultado de estos diálogos no signifique que haya vencidos y vencedores, “aquí va a ganar México y van a ganar los trabajadores”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Jorge Romero (PAN) detalló que espera que las mesas de trabajo se realicen una vez por semana, salvo la siguiente, “pero lo que sí ya quedó absolutamente claro es que esto tiene que salir en la LXV legislatura, a la que le queda un periodo más, este periodo más, el último, que empieza en febrero”.
Recordó que, una vez aprobada por los diputados, por ser una reforma a la Constitución, pasará al Senado y luego tendrá que ser votada a favor por al menos 17 congresos estatales.
El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, agregó que esperan que a finales de marzo del próximo año ya se tenga una reserva de consenso para presentarla al Pleno al momento de que se discuta esta modificación, para que, a través de un artículo transitorio, se puede implementar la reducción de la jornada laboral.
LDAV
