HÉCTOR QUEZADA
Ciudad de México. – Con el fin de que se cumpla la Ley de Publicidad Exterior, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), dirigido por Teresa Monroy, destinó para este año 7 millones de pesos en la renta de la maquinaria para el retiro de estructuras ocupadas para la colocación de anuncios en azoteas, vallas publicitarias, gallardetes, mobiliario urbano y pantallas.
Sin embargo, entre el 2015 y el año pasado, la dependencia destinó más 199.8 MDP en la renta de grúas, plataformas, así como de equipo de corte y el pago a los trabajadores de las cuadrillas, los cuales retiraron durante ese periodo 494 anuncios, es decir, que el costo por quitar una estructura publicitaria fue de 404 mil 510 pesos y 46 centavos.
En abril de este año, con el fin de regular la instalación de publicidad exterior para garantizar la recuperación, conservación y enriquecimiento del paisaje urbano de la Ciudad de México, el gobierno capitalino consolidó la Ley de Publicidad Exterior creada en agosto del 2010 para la prohibición de medios publicitarios en azoteas, así como la colocación de nuevos medios.
Debido a lo anterior, el INVEA, el 22 de febrero, otorgó un contrato a la empresa Zaragoza García Mercado por el “Servicio de retiro y desmantelamiento de anuncios y mobiliario urbano” el cual finaliza el próximo 31 de diciembre, no obstante, hasta septiembre se habrían retirado solo 10 anuncios, por los que se ejercieron 2.6 MDP, es decir, que en el 2023, el retiro de un anuncio o valla publicitaria por la dependencia tuvo un costo promedio de 267 mil 798 pesos.
No obstante, según el subsecretario del gobierno capitalino, Inti Muñoz, el retirar voluntariamente estructuras de publicidad exterior podría ahorrar hasta 305 MDP al erario.
SOLO ALGUNAS AUTORIZADAS
Del mismo modo, como parte de esta legislación, para este año el INVEA reconoció que en la capital existen 55 empresas con registros vigentes para operar, sin embargo, estos permisos son desafiados por empresas que se niegan a retirar sus estructuras.
De acuerdo con la regulación de publicidad, la multa para los responsables cuyos anuncios y estructuras operen de manera ilegal, podría alcanzar hasta el millón de pesos, además de una posible denuncia penal.
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