Los programas sociales del Gobierno federal dirigidos a personas con discapacidad no han presentado avance en la atención e integración de este sector en la vida productiva, e incluso dependencias como la SEP han dejado de ejercer recursos en la materia.
Así lo revelan los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2022, que indica que dependencias como Educación, Bienestar y el Sistema DIF no cumplen con el seguimiento o criterios para comprobar que los beneficiarios de programas sociales para personas con discapacidad estén teniendo avances en su inclusión.
En la auditoría de desempeño 274 se registró que desde 2020 y hasta 2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuya titular era Delfina Gómez (actual gobernadora del Edomex), no ejerció los recursos asignados para el otorgamiento de los subsidios, por medio del Programa Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (Pp S298).
“Lo que significó que en tres años se dejó de atender a los planteles federales de educación media superior que tenían matriculados a personas con discapacidad mediante el programa”, dice el documento.
El informe señala que en 2022, “la SEP no otorgó los subsidios a los 229 planteles federales con estudiantes con discapacidad que presentaron sus proyectos institucionales para la realización de adecuaciones de infraestructura, equipamiento, material educativo y apoyos a figuras solidarias, por medio del Programa presupuestario S298, por lo que no se favoreció a la reducción de las brechas que limitan la incorporación a los servicios educativos del nivel medio superior de las personas con discapacidad, y tampoco se contribuyó a su desarrollo integral e inclusión a la sociedad”.
En la auditoría 376 realizada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) sobre la contribución del programa en la salud y asistencia social, refiere que en 2022 atendió a 19 mil 946 personas con discapacidad (pcd), cifra que representó el 0.7% en relación con la población objetivo que ascendió a 3 millones 59 mil 46 pcd en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que mostró que una de cada 100 personas con discapacidad del universo por atender recibió los beneficios del programa.
De acuerdo con el informe de la ASF, “el organismo desconoció su aportación a la modificación y mejora de las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de las personas con discapacidad para lograr su incorporación a una vida plena y productiva para hacer cumplir, respetar y proteger su derecho a la salud y asistencia social en condiciones de igualdad”.
Además, en la auditoría de desempeño 94 realizada al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad determinó que la falta del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad implicó un riesgo en la promoción, protección y aseguramiento del ejercicio pleno de los derechos de las 6.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad en México, así como en su desarrollo integral e inclusión social.
Ante estos resultados, la senadora del PRI, Claudia Anaya, consideró que al no existir una política pública para la inclusión de personas con discapacidad, “las dependencias no tienen metas de desempeño sobre la ejecución del recurso, entonces sucede que es un presupuesto diseñado perversamente porque se entrega a las dependencias con un fin y al final se hace un subejercicio que el gobierno termina recogiendo para utilizar con otros fines”, como en el caso de la SEP.
Coincidió con los resultados de la ASF en el sentido de que no hay seguimiento de las dependencias al cumplimiento de sus metas. “En muchos lugares las personas con discapacidad te dice que no están integrados, a la auditoría le hace falta la realización de muchas más compulsas para verificar que las personas que dicen estar integradas al padrón de verdad están recibiendo el recurso”, declaró en entrevista con 24 HORAS.
Recordó que el diseño de la política pública es un asunto que ha denunciado desde el inició de la actual administración federal, “no se trata de repartir dinero sin un objetivo, en las reglas de operación deben existir condiciones mínimas para el uso de la beca, como ir a rehabilitación, ir a una escuela, ir a un trabajo, ir a un deporte, traer tus revisiones médicas y tu carnet de salud al corriente; algo que trate de incidir en el desarrollo de las personas con discapacidad”.
