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Mientras Marcelo Ebrard sigue deshojando la margarita, Samuel García igual se arrepiente de su solicitud de licencia y recula.

Ayer le comentamos en este espacio que el Congreso de Nuevo León le autorizó la licencia por 6 meses para que buscara la candidatura a la Presidencia en el 2024, pero le impuso al gobernador interino.

Los diputados aprobaron que el presidente del Tribunal de Justicia estatal, Arturo Salinas, asumiera el interinato a partir del 2 de diciembre, en contra del deseo de García, que quería dejar a su cuate Javier Navarro, secretario general de Gobierno.

García se inconformó, solicitó juicio político para Arturo Salinas y ayer llamó “payasos’’ a los diputados del PRI y el PAN.

Según el gobernador, el Congreso no tiene facultades para nombrar a un interino porque su ausencia no será definitiva; por lo tanto, el artículo que invocaron los legisladores para batear a Navarro no aplicaría.

También argumenta que según el artículo 132 de la constitución local, establece que el presidente del Tribunal tendría que haber renunciado a su cargo para poder asumir como interino, cosa que no hizo ya que solo solicitó una licencia.

El tema se le ha complicado a García y, obviamente, no podría recurrir al Congreso local sino al Poder Judicial para litigar este hecho.

Pero le queda poco tiempo así que deberá decidir entablar un juicio de meses o reconocer que perdió la partida y volver a la gubernatura.

Y mientras eso pasa con el gobernador fosforescente, en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, publicó un críptico mensaje en la red X, en la que no se sabe si ya se va, ya se fue o ya se irá.

Hace unos minutos cerré mi ciclo en la política electoral. Lo hago orgulloso de lo que logré al lado de miles de hombres y mujeres libres de Jalisco. A partir de mañana entrego la estafeta a quienes se quedan a construir el futuro de nuestro movimiento. Sé que lo harán muy bien.

Yo estaré concentrado en cumplir con mi responsabilidad como gobernador hasta el último día’’.

¿Qué dijo?

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En este espacio hemos dado seguimiento al proceso legal de la empresa mexicana Trese en contra de sus socias, la malaya Coastal Contracts y Nuvoil, que durante siete largos años desviaron recursos que no les pertenecían, con el aparente beneplácito de la empresa financiera contratada para distribuir los fondos de un fideicomiso compartido.

En la ecuación también se suman funcionarios de Pemex, de donde procedían los pagos; es decir, se constituyó una cadena entre Pemex Exploración y Producción, CI Banco, encargado de distribuir los fondos fideicomitidos y las empresas arriba señaladas, en perjuicio de Trese.

El apoderado legal de Coastal Contracts en México está vinculado a proceso penal; dos representantes de Nuvoil también están en proceso de ser llevados ante la justicia; CI Banco fue declarado contumaz y embargado por 33 millones de dólares por el Poder Judicial.

En el caso de Pemex, la empresa ha cometido evidentes desacatos al no hacer caso a resoluciones firmes de jueces y magistrados federales sobre devolver los recursos a la compañía originalmente despojada de su patrimonio, Trese, pretextando “confusión de criterios’’, supuestas dudas en resolutivos y alegando desorden jurídico.

En términos legales, Pemex está ayudando de facto a las empresas señaladas de tal desvío, entregando el dinero ante un juez local, a pesar de que los jueces locales no son competentes para tramitar un acto como el que pretenden.

Algo apesta en este caso.

 

    @adriantrejo

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