Funcionarios del Poder Judicial, encabezados por la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gisela Morales González, acudieron con legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a defender su proyecto de presupuesto para 2024.
Aseguró que su presupuesto en comparación con el año pasado crece 8.5% en términos reales y apenas 3.3% en términos reales mientras que otras dependencias y organismos superan en mayor medida esos incrementos.
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En su presentación, la oficial mayor presentó una comparación del aumento presupuestal con el Poder Legislativo el cual de 2023 a 2024 se incrementó en 15%, la Secretaría del Bienestar en 31%, la Secretaría de Marina en 72%, la Secretaría de Defensa Nacional, 132% y la Secretaría de Energía, en 291%.
Sostuvo que también el Poder Judicial de la Federación se ha vuelto más eficiente en el ejercicio de sus recursos, pues en promedio ejerce 99% de su presupuesto, además de que de 2017 a 2023, tanto el presupuesto de la SCJN como del Consejo de la Judicatura Federal han presentado una tendencia a la baja.
Durante la reunión, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) cuestionó el monto de más de 4 millones de pesos que se está solicitando para jardinería, así como los bonos de riesgo que se pagan a consejeros, jueces y magistrados de circuito.
Al respecto, Morales González puntualizó que en ese concepto no solo se incluye temas de jardinería, sino también de fumigación y exterminio de plagas, no solo de la Corte, sino también de las 36 Casas de Cultura Jurídica con las que cuenta el PJ en el país.
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Respeto a los bonos de riesgo, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, enumeró los casos de los jueces que han sido asesinados por causa de su desempeño laboral y aclaró que los expedientes por los cuales los juzgadores ponen en riesgo su vida no solo tienen que ver con temas penales, sino también administrativos e incluso familiares en los que la mitad estará de acuerdo con el criterio del juez, y la otra mitad no.
CSAS
