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Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis.- La madrugada de este martes fueron liberados los ocho policías estatales retenidos el 12 de octubre en la comunidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, para demandar la presencia de agentes de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano para que combatan a los grupos de la delincuencia organizada que operan en esa región de la selva Lacandona.

Por acuerdo de la asamblea realizada la tarde del lunes, las autoridades de Frontera Corozal entregaron también a funcionarios de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal ocho armas largas, tres cortas y doce cargadores de armas largas y tres de cortas, además dos vehículos.

A la entrega de los agentes asistieron el delegado de gobierno de la región selva, Amílcar Selvas Delgado; el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Julio Calvo Leal, y Marco Antonio Burguete Ramos, Director Estatal de la Policía Preventiva.

Según el acuerdo firmado durante la madrugada, los funcionarios estales “verificaron” que los ocho policías “se encuentran en buen estado de salud”.

De acuerdo con lo convenido, tres de los ocho uniformados fueron entregados a un agente del Ministerio Público “por su presunta participación en hechos delictivos, para que se determine su situación jurídica”.

Los policías fueron trasladados a las 11 de la noche, aproximadamente, a la vecina comunidad de Nueva Palestina para entregarlos a la comisión gubernamental que acudió a recibirlos.

Los representantes de Frontera Corozal, “donde se vive un clima de inseguridad por la presencia de cárteles” de la droga, aseguraron que los agentes estaban “resguardados, no retenidos”.

Afirmaron que fueron ellos quienes “pidieron ser resguardos en la comunidad por temor de ser molestados en su integridad, pero este hecho se mal interpretó y se acusaba a la comunidad de tenerlos retenidos, lo que en estos momentos se aclara y se enseña evidencia de que ellos pidieron voluntariamente su protección”.

Las autoridades estatales se comprometieron a retirar las denuncias que existieran por los hechos, al tiempo que se convino en que se mantendrán los recorridos de las fuerzas de seguridad estatal y federal en la zona para salvaguardar la vida de los pobladores.

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