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El llamado “granero de México’’, Sinaloa, atraviesa por una de las peores sequías de su historia y por un gobierno incapaz de resolver los problemas no solo de los agricultores sino de las mujeres que lo acusan de proteger a depredadores sexuales.

Las presas de Sinaloa, en conjunto acumulan menos del 25% del agua que requiere el campo para las cosechas.
Pero aún con ese escenario, el gobernador Rubén Rocha Moya se ha negado a pedir que se declare el estado de emergencia en los 11 municipios más afectados, quizá para no incomodar al Presidente o porque sabe que el gobierno no tiene dinero para apoyar en este momento a los productores.

Aunado al fenómeno natural, al que el gobernador no ha sabido hacerle frente, se suma la justificada inconformidad de los productores a quienes se les prometió un precio de garantía para sus cosechas de maíz, trigo y sorgo, y no se les cumplió.

Ya ha habido manifestaciones, mesas de negociaciones y pese a todo el conflicto continúa porque el gobierno no puede cumplir con el precio de garantía que prometió ni comprar el 100% de las cosechas de los pequeños productores.

Hace unos meses, Rocha Moya llamó a tomar las instalaciones de las empresas GRUMA, Cargill y Minsa, que son las principales compradoras de maíz y trigo, y a quienes responsabilizó por la crisis de precios de esos granos básicos.

Evidentemente, nadie le hizo caso.

Otro problema que afecta a su administración y por ende a los ciudadanos que gobierna, son los casos de acoso sexual y laboral denunciados y a los que el gobernador y su secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, han hecho oídos sordos.

El propio gobernador reconoció que, efectivamente, habían denunciado a un colaborador suyo por acoso sexual, pero él le recomendó cambiarlo de posición a una “en la que hubiera puros hombres’’, en lugar de haber procedido a removerlo y denunciarlo.

Dos de las presuntas víctimas, Noemí Rivera y Anayely Yaquelín Avitia Aguilar, presentaron, dos denuncias, una local y otra federal, en contra de Antonio Aguilar Gómez, delegado regional de la Secretaría del Bienestar, Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán y anterior delegado regional de la Secretaría del Bienestar, así como en contra de María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de la Mujer.

Las denuncias fueron, en el caso de los hombres, por discriminación, ejercicio ilícito del servicio público y por hostigamiento y abuso sexual.

En el caso de Guerra Ochoa por omisión ante las denuncias de las presuntas víctimas.

Denuncias sí hay, solo que Rocha e Inzunza Cázarez no las quieren ver.

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Un caso similar ocurre en Baja California.

En los primeros días de septiembre, regresó al cargo de secretario general de gobierno del estado, Homero Davis Castro, después de separarse del cargo para “apoyar’’ la fallida candidatura presidencial de Adán Augusto López Hernández.

En marzo pasado, el funcionario (que por cierto seguía firmando como secretario general de gobierno a pesar de que había solicitado permiso para ausentarse del cargo), fue señalado públicamente por acoso y hostigamiento sexual en contra de una joven.

Pese a ello, el gobernador Víctor Manuel Castro lo volvió a recibir y ahora el colectivo “Ni Una Más’’ anuncia que llevará el caso al INE pues se sabe que Davis Castro quiere ser senador.

A ver.

LEG

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