LA LEGISLATURA REFORMA EL CÓDIGO PENAL de Sinaloa para endurecer las penas contra algunos de los delitos. En los últimos días se han hecho enmiendas a la ley para el castigo del robo de productos pesqueros y para el delito de violación. En el caso de las leyes en contra del furtivismo, la Comisión de Pesca, que preside el diputado Juan Carlos Patrón Rosales, tipificó como delito el robo de camarón, tilapia, mojarra y ostión, así como equipo y maquinaria y otros insumos de trabajo de granjas acuícolas. Esto da más certidumbre a los 11 mil 455 acuicultores en 57 comunidades, donde operan 902 granjas de camarón, 119 de tilapia, 62 de ostión. Este conjunto genera más de 8 mil empleos en zonas de alta marginación como son los campos pesqueros.
UN CÓDIGO PENAL MÁS SENSIBLE hacia la violencia que se ejerce contra la mujer, es lo que busca la actual legislatura. Ayer elevó las penas para quienes cometan el delito de violación. El artículo 183 contemplaba una pena para el delito de abuso sexual de 1 a 3 años. De esa manera, quien cometiera el acto podía obtener su libertad. Desde ayer quedó escrito en el Código Penal penas de hasta 10 años de prisión para quienes sean encontrados culpables de esos actos contra menores. Bien por la actual legislatura, tomando en cuenta que tiene una lista de casi 400 propuestas de ley en la “congeladora”. Una comisión para la revisión de propuestas no estaría nada mal.
UNO DE LOS TEMAS POLÉMICOS generados ayer en el Congreso del Estado, fue la decisión de no sancionar al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, por la promoción personalizada y vulneración del principio de imparcialidad, así como la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato. Los legisladores decidieron que no habrá sanción debido a la ausencia de normas sancionadoras específicas al asunto en el momento en que se realizaron los hechos referidos. Así que el expediente SUP-REP- 362/2022 y acumulados de fecha 8 de junio de 2022 quedaron archivados y el caso considerado como concluido. Bien dice el viejo adagio que la impunidad es la madre de todos los males sociales.
EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO inició la pelea de los recursos que, considera, le corresponden como prerrogativas de los gobiernos municipales. Ayer, el líder de esa institución en la entidad, Sergio Torres, anunció la demanda en contra de los Ayuntamientos de Cosalá y El Fuerte. Ambos adeudan las partidas económicas a Movimiento Ciudadano. Cosalá debe 174 mil 28 pesos; y El Fuerte, 165 mil 579 pesos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. El caso compromete directamente a las administraciones que encabezan Gildardo Leyva, en El Fuerte, y Carla Corrales, en Cosalá, pues el líder de MC asegura que no va a descansar hasta obtener esos recursos.
LOS DAÑOS PROVOCADOS por la administración de Jesús Estrada Ferreiro siguen evaluándose después de poco menos de dos meses de que este dejó el cargo. Ayer, el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, estimó que tan solo por la desaparición de los Ceprofies se dejó de percibir 3 mil 831.06 millones de pesos del 2018 al 2019.
