Junio es un buen mes para hablar sobre ser diferente. Al menos en la Ciudad de México, buena parte de las empresas, las dependencias y la población se ponen lentes de colores y aprecian la diversidad.
Pero una de las quejas constantes de las personas de la comunidad, es que la inclusión no siempre perdura y cuando se baja la euforia y la fiesta del arcoíris, la cuesta hacia arriba para tener espacios siempre es más compleja. Y puede que tengan razón.
Y el problema por ejemplo, puede llegar hoy que estamos en octubre, en plena transición de gobierno y cuando las políticas de inclusión no están tan en la superficie.
En México, al menos el 5% de la población se autoidentifica con una orientación sexual y de género LGBTI+.
Esto es, al menos cinco millones de personas, según los datos más recientes del Inegi. A pesar de constituir un grupo amplio y altamente activo en la cuestión de sus derechos, es un grupo que constantemente tiene que pelear por espacios y un trato justo.
Lo mismo pasa con la inclusión de género. Aunque es un grupo con una dinámica distinta, la necesidad de impulsar políticas contra el acoso, contra la violencia y de avance a la igualdad ocupan buena parte de la agenda de las unidades de inclusión y equidad.
Por eso las políticas en las empresas privadas y gubernamentales, siempre son una buena noticia y una preocupación genuina cuando se ven en riesgo.
En Pemex, como buena parte de la administración pública, están teniendo los ajustes que son necesarios en la transición de gobierno. Hasta ahí, todo bien. La preocupación es que los recién llegados no necesariamente entraron con el pie derecho en materia de inclusión y perspectiva de género.
Casi siempre hay una curva de aprendizaje en los nuevos nombramientos, sin embargo la preocupación es que Enrique Shaury Maldonado de la Cruz, recién llegado a la división encargada de la inclusión y equidad de género de la paraestatal, presentó sus credenciales únicamente como político. Dijo que fue uno de los participantes en la campaña de Antonio Pérez Garibay y aseguró que los nombramientos en la empresa de petróleos son políticos y espera que se pueda hacer política.
Esta división de Pemex tiene una trayectoria que ya acumula varios años con trabajos para evitar que haya prácticas de discriminación en una de las empresas más grandes del país. Hay trabajos con un desarrollo constante que se lleva a cabo activamente en la parte corporativa y más lentamente, pero constante, en el trabajo de campo.
Considerando que Pemex tiene un universo de unos 120 mil trabajadores, donde una parte son mujeres y personas de la comunidad LGBT+, hablar solo de política bien puede ser dar un par de pasos hacia atrás.
Y aquí la duda genuina, ¿no deberíamos cuidar siempre las políticas de inclusión?
La atención para los grupos y comunidades que más padecen discriminación no debería ser una tarea ocasional y mucho menos descuidarse en los cambios de administración.
@Micmoya
