Vea usted si México no es un país sui géneris.
La única presidenta de un organismo defensor de los derechos humanos en apoyar la militarización de la seguridad pública y todas las acciones de gobierno, aún en perjuicio de los ciudadanos, Rosario Piedra Ibarra, pretende reelegirse por otros cinco años.
Llegada a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante un proceso cuestionadísimo en el que la oposición presume trampa de Morena y sus aliados, Piedra Ibarra consideró haber hecho los méritos suficientes en el quinquenio pasado para repetir en el cargo.
Piedra Ibarra será apoyada por los morenistas (otra vez) y sus socios; no importa que otros 65 mexicanos se hayan inscrito para competir por el puesto, cada año más inservible que el anterior, quién sabe si por falta de presupuesto o por falta de dirección.
O ambas.
Como sea, a partir del próximo 24 de este mes comenzarán las “comparecencias’’ de los candidatos, lo cual no será más que una simulación, pues desde hace días en Morena se tiene la consigna de que se apoyó a la hija de una luchadora social como lo fue Rosario Ibarra de Piedra.
Y esta vez, el partido oficial ya no necesitará hacer trampa, pues cuenta con la mayoría suficiente para sacar el encargo sin contratiempos.
****
En nada ayudan a la imagen del Poder Judicial casos como el siguiente.
En el año 2015, el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), extendió un crédito de 130 millones de dólares a una empresa de tecnologías de la información.
La empresa en cuestión utilizó dicho crédito para pagar pasivos por 80 millones de dólares a Nacional Financiera (Nafin) y el restante se aplicó en capital de trabajo.
Bancomext estuvo al tanto en todo momento de los fines para los cuales se destinaría el crédito; la empresa, incluso, llenó en diversas ocasiones los formularios que solicita el banco para el otorgamiento de un crédito y, transparentemente, indicó que no tuvo operaciones relacionadas con el comercio exterior, que es el propósito de financiamiento del banco.
Pasados los años, Bancomext reconoció que el crédito no debió ser otorgado, pues no se destinó a operaciones comerciales con el exterior y decidió emprender un juicio para desconocer la validez del empréstito.
Primero recurrió con un juez penal federal, que determinó dictar medidas precautorias a favor de la empresa para que el crédito quedara en sus términos en tanto se analizaba el fondo del asunto.
El departamento jurídico del banco, a cargo de María Guadalupe Muñoz, decidió recurrir a los tribunales de la CDMX, para lo cual presentó demandas simultáneas, idénticas, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la capital del país, con el objeto de que algún juez “la cachara’’.
Efectivamente, fue el juez Juan Bruno Ubiarco Maldonado, juez 7° Civil, quien admitió la demanda e incluso aceptó como pruebas los alegatos que el banco interpuso ante un juzgado federal.
La decisión de este juez le ganó el “regaño’’ de otro juzgador, el 39 Civil de la CDMX, quien advirtió incluso que se estaría frente a la posible comisión de un fraude procesal.
La chicanada jurídica del banco tuvo por objeto burlar o brincar el turno judicial porque tiene urgencia de deslindarse del otorgamiento del crédito, lo que puede resolverse en el juicio civil con un contrato accesorio, pero la defensa de la empresa pide que se suspenda el proceso en el juzgado local hasta que resuelva el juzgado federal para no tener sentencias contradictorias.
Ni la estrategia de la directora jurídica ni la disposición del juez en cuestión ayudan al prestigio del banco.
@adriantrejo
