Las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fueron incluidas en los procesos de juicios de amparo contra la reforma judicial en el intento de jueces y magistrados de frenar su instrumentación.
Un juzgado federal con sede en Zapopan emitió un ordenamiento a Hacienda para no entregar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación que tengan que ver con la organización de la elección de juzgadores.
La Secretaría, dirigida por Rogelio Ramírez de la O, impugnó la determinación ante un tribunal colegiado y perdió, pues los magistrados confirmaron la suspensión.
Mientras que el mismo juzgado de Zapopan envió notificaciones a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y al comandante de la Guardia Nacional para que cumplan con mandatos relacionados con la reforma judicial.
Sin embargo, los titulares del área Jurídica del Ejército, Marina y Guardia Nacional, en representación de sus titulares, ya respondieron que no había materia para dar cumplimiento a lo ordenado.
“Se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del general Secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual informa que no existe materia sobre la cual pueda dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este juzgado de Distrito, en virtud de que niega los actos que le fueron reclamados”, indica la resolución firmada por Isaura Romero, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Zapopan.
En otra notificación, se informó que se recibió documento del “director de Área de la Dirección de Amparos y Contencioso, en representación del comandante de la Guardia Nacional, por medio del cual, pretende rendir su informe con justificación”.
Respecto a la Marina, en los estrados de la Judicatura se publicó que “se tiene por recibido el oficio registrado con folio, signado por la capitán de Navío del Servicio de Justicia Naval, jefa de la Unidad Jurídica, en representación de la Secretaría de Marina, mediante el cual pretende rendir informe previo”.
En otra comunicación a la jueza federal, el director de Asuntos Contenciosos de Hacienda, en representación de Rogelio Ramírez de la O, respondió que el “titular de la SHCP no tiene la facultad de paralizar los efectos y consecuencias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial, en los términos señalados por este Órgano Jurisdiccional”.
En otra de las notificaciones recientes “la jefa de Navío del Servicio de Justicia Naval, jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, quien se ostenta como representante legal de la Secretaría de Marina, mediante los cuales informan que no existe materia sobre la cual puedan dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este juzgado de Distrito”.
La jueza de Distrito, en este juicio de amparo, dictó la suspensión provisional el 27 de septiembre pasado contra actos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades para frenar todos los actos que tengan que ver con la instrumentación de la reforma judicial.
Otra de las autoridades vinculadas fue el Consejo de la Judicatura Federal, al cual le ordenaron no entregar el listado de juzgadores en activo, en proceso de jubilación y con licencia, así como a realizar cualquier acto que tenga por objeto colaborar en la implementación de la reforma judicial.
La Judicatura impugnó la suspensión, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, declaró improcedente la queja debido a que el director de Asuntos Jurídicos interpuso la impugnación mediante correo electrónico, pero al tratarse de un asunto interno entre el órganos del Poder Judicial de la Federación, se debió hacer mediante el Portal de Servicios en Línea.
