Por alguna razón política, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de retrasar la presentación de su estrategia nacional de seguridad está causando desajustes en la implementación de decisiones en cuanto menos tres zonas calientes del crimen organizado: Sinaloa, Guanajuato y Chiapas.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en 2018, antes de tomar posesión oficial del cargo, dio a conocer su estrategia y logró que se aprobara con la mayoría parlamentaria de su elección presidencial y la implementación tuvo un buen espacio de ajustes frente a la realidad de la delincuencia.
Las tres zonas calientes del crimen organizado son una herencia del Gobierno de López Obrador, pero todavía no han pasado por el filtro de la nueva estrategia del nuevo gobierno, aunque los nuevos objetivos -muchos nuevos en el tablero- se definen en solamente dos: atacar las causas sociales de la inseguridad, pero autorizar planes operativos para perseguir desarticular a las bandas delictivas.
Lo que está esperando la sociedad es saber si seguirá el modelo lopezobradorista “de abrazos, no balazos” o si habrá ya instrucciones precisas para comenzar a desarticular a las bandas que ya están más que identificadas en la información estratégica en manos de las autoridades.
En todo caso, cuando menos en Sinaloa, el secuestro estadounidense del capo Ismael El Mayo Zambada le movió el tapete a la estrategia gubernamental y aceleró la lucha violenta por el liderazgo del cártel, con la circunstancia agravante de que los principales líderes de ese grupo delictivo están presos en Estados Unidos.
En Guanajuato se detecta un aumento sustancial de la violencia por el cambio de titular del Poder Ejecutivo y, sobre todo, la renuncia obligada del fiscal estatal que había sido señalado como el responsable directo de toda la violencia.
Y en Chiapas la disputa territorial entre bandas criminales rebasó ya al Gobierno estatal y todavía no ha atraído la atención estratégica del Gobierno federal.
Zona Zero
No con la rapidez que requiere el caso de la inseguridad en un cambio de gobierno federal, la reasignación de responsabilidades militares y civiles en el equipo de seguridad va a tardar un poco en lograr las coordinaciones necesarias, a pesar de que parecen existir muy buenas relaciones entre los mandos de las Fuerzas Armadas con los dirigentes de la seguridad pública civil. La clave estará en los planes operativos que no se conocerán, pero de los cuales se tendrán algunos indicios públicos.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
