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Los avances tecnológicos han sido aprovechados por delincuentes que, a través de aplicaciones y plataformas digitales, promueven préstamos exprés con pocos requisitos, sin embargo, están disfrazados de extorsión, por lo que es urgente sancionar a los llamados montadeudas, aseveró Andrés Sánchez, diputado del PAN.

El legislador alertó que esta práctica ha incrementado en la capital, por lo que propuso una reforma al artículo 209 Bis del Código Penal local para reforzar el marco legal y que las autoridades tengan las herramientas para enfrentar este tipo de extorsión, así como aumentar las sanciones a redes delictivas que usen aplicaciones para hostigar a los usuarios.

Además de endurecer las penas, contempla tipificar de manera precisa la cobranza ilegítima, sobre todo cuando se utilicen plataformas digitales para cometer extorsión.

Se busca una condena de uno a cuatro años de prisión y una multa de hasta 400 días de salario mínimo y que ésta se incremente un tercio cuando el infractor utilice cualquier tipo de plataforma, aplicación o medio digital para ofrecer y otorgar un préstamo e intentar cobrar intereses que excedan el límite establecido en la legislación civil, explicó.

El panista destacó que en los últimos años, los avances tecnológicos han sido aprovechados por delincuentes que, valiéndose de aplicaciones y plataformas digitales, promueven préstamos exprés con pocos requisitos.

“Estos créditos, disfrazados de soluciones rápidas y accesibles, esconden detrás un esquema de extorsión y hostigamiento conocido como montadeudas”, por lo que reiteró la necesidad de establecer medidas inmediatas para reforzar el marco legal que permita a las autoridades enfrentar esta práctica ilegal.

El legislador albiazul advirtió que estos delincuentes no solo operan fuera del marco legal, sino que además utilizan técnicas que vulneran derechos al acceder a la información personal de las víctimas para exigir montos impagables mediante amenazas e intimidaciones.

Consideró que con esta propuesta se brindará a las autoridades judiciales y a la Fiscalía de la Ciudad de México herramientas más eficaces para perseguir y castigar a los responsables.

Sánchez dijo que al modernizar y actualizar el marco jurídico se puede hacer frente a esta nueva problemática y proteger a quienes por desconocimiento, ingenuidad o exceso de confianza terminan siendo víctimas de los extorsionadores.

 

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