La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió otras dos consultas a trámite para determinar el cauce que se le debe dar las solicitudes de juzgadores para que intervenga en la revisión de la constitucionalidad de la reforma judicial.
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, turnó los casos a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia y presentarlo al Pleno.
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La ministra Esquivel ya publicó tres proyectos de consultas a trámite similares, en las que propone que se declaren improcedentes porque la Corte no tiene atribuciones para controlar una reforma a la Constitución.
En una de las nuevas consultas, magistrados de circuito piden “analizar la constitucionalidad del decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los jueces y magistrados federales y de los tribunales de justicia de todas las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que se les elija y designe por medio de elección y voto popular, pues consideran se vulnera el principio de división de poderes, la autonomía de uno de los poderes de la unión, así como la esencia de la República”.
En el otro asunto, los magistrados y jueces del país formulan consulta “sobre si la reforma constitucional debe aplicarse, dado las evidentes violaciones constitucionales durante el proceso legislativo que realizó el poder reformador de la Carta Magna, en el cual al ser un poder constituido está sujeto al control constitucional”.
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Otra de sus peticiones es determinar “si el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de reforma del Poder Judicial, cumple con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San José), en razón de que pudiera implicar la violación al principio constitucional de división de poderes y especialmente en la vulneración a la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus miembros”.
CSAS
