Con la postura en contra de los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), la mayoría oficialista en el Senado, apoyada por Miguel Ángel Yunes, perfilaba aprobar que la Guardia Nacional (GN) quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al posicionar el dictamen, los senadores de oposición acusaron que este cambio en la estructura de la GN se trata de una “militarización” del país; sin embargo, los senadores de Morena, PT y PVEM argumentaron que esta corporación seguirá siendo civil.
Entre otros temas, la reforma otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, se señala en el dictamen.
Sin embargo, con la reforma constitucional con la que la Guardia Nacional será parte de las Fuerzas Armadas, los ciudadanos no estarán obligados a aceptar ciertas imposiciones de la corporación, en tiempos de paz.
El dictamen que se discutió esta madrugada prohíbe el alojamiento forzoso de miembros de la Guardia Nacional, junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, en situaciones ordinarias, con lo que se consolida el carácter democrático y civil del Estado y se obliga al respeto a los derechos humanos.
“En situaciones ordinarias, los ciudadanos no están obligados a prestar servicios ni aceptar imposiciones de las Fuerzas Armadas, en defensa de sus derechos humanos”, señala la propuesta de reforma constitucional.
Refiere que, “al prohibir el alojamiento forzoso de miembros de la Guardia Nacional, junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, en tiempos de paz, se protege el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su domicilio, asegurando con ello que las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos, independientemente de la fuerza armada involucrada”.
El dictamen señala que “la Federación cuenta con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los fines de la Guardia Nacional”.
Y establece que “la secretaría del ramo de seguridad pública formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlalli Hernández, negó que con esta decisión se esté “militarizando al país” e hizo un pronunciamiento sobre la lucha de los integrantes de Morena, lo que le valió una crítica de la senadora del PAN, Mayuli Martínez respecto a que la morenista debía tener una postura institucional y no hacer posicionamientos partidistas.
El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, calificó esta reforma constitucional como preocupante y dijo que es, “es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México”.
En el cuerpo del dictamen se señala que “esta reforma radica en la necesidad de adaptar el marco constitucional a los retos contemporáneos en materia de seguridad pública, respetando a la vez los principios de un Estado de derecho y los derechos humanos”.
Además reconoce que “la inseguridad y violencia en México han alcanzado niveles críticos, lo que ha generado un clamor social por soluciones más efectivas y coordinadas. La creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional con la capacidad de actuar con eficiencia y bajo un marco legal adecuado, es una respuesta a esta realidad”.
Por lo que aseguran que la reforma “permite establecer claramente el mandato, las facultades, la estructura y los límites de esta institución, asegurando que opere dentro del marco constitucional, pero con la flexibilidad necesaria para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y pública”.
Al cierre de esta edición, se tenían registrados 14 votos particulares y dos solicitudes de moción suspensiva al dictamen; sin embargo, Morena contaba con las dos terceras partes de los senadores presentes, es decir 86 votos, para la mayoría calificada.
Esto debido a que se perfilaba el apoyo del todavía panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, a favor del dictamen, quien apenas ayer asumió como primer secretario de la Comisión de Justicia, posición que le corresponde a Morena, así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, a través de un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández.
Yunes Márquez reconoció la semana pasada que, a pesar de que sigue formando parte del PAN participa en las reuniones previas de la bancada de Morena en el Senado.
