La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó cuatro proyectos sobre las consultas de la reforma judicial, en la mayoría se propone desechar las quejas, pero uno pretende reencauzar y dar trámite a una controversia constitucional.
Yasmín Esquivel Mossa fue la ministra que elaboró tres proyectos en los que se propone rechazar dar trámite a recursos contra la reforma judicial, por resultar improcedente el control de cambios a la Constitución.
El ministro Juan Luis Alcántara Carrancá elaboró uno de los proyectos de mayor trascendencia que es el derivado de la petición de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (Jufed) para que la Suprema Corte usé su facultad de atracción y revisé tanto el proceso legislativo como el fondo de la reforma judicial.
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“La amplitud del mandato para este Pleno, contenido en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la judicatura federal, aunado a la atribución expresa de la fracción XVII de ese mismo precepto, relativa a conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Federal, es lo que lleva a considerar que la petición de los promoventes sí pueda ser admitida y procesada de conformidad con esa misma atribución”, indica el documento que será puesto a consideración del Pleno de la SCJN.
El ministro consideró procedente que se abra la controversia y se asigne a otro de sus pares la elaboración de una sentencia, con la que se podría anular la reforma judicial, pues de no hacerlo, los juzgadores federales se quedarían sin una “vía expedita y jurisdiccional a través de la cual encontraran solución, lo cual en nuestro sistema jurídico es inadmisible; máxime que ello traería como consecuencia hacer nugatoria la encomienda de este Alto Tribunal consistente en resguardar la autonomía del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus integrantes”.
Dicho proyecto indica que la Suprema Corte sí puede someter a control constitucional la reforma judicial y atender la petición de jueces y magistrados para “verificar si la reforma al texto constitucional en materia del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, es compatible o no con diversas garantías judiciales y principios, entre ellos, la división de poderes, la independencia judicial, así como aquellos inherentes al Estado Constitucional de Derecho”.
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En contraparte, en los otros tres proyectos de consulta, la ministra Yasmín Esquivel propone que se declaren improcedentes porque la “petición rebasa las atribuciones que tiene esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, en tanto que el marco de actuación que rige esta facultad se sustenta en el respeto irrestricto a la Constitución y a lo que su Poder Revisor determine, lo procedente es que la Presidencia de este Alto Tribunal deseche por notoriamente improcedente”.
CSAS
