El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “deja a un país sumido en una espiral de violencia y un legado de muerte, como nunca se había visto en la historia de México”.
En el marco de la discusión y aprobación en el Congreso de la reforma por la que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, aseguró que la militarización de un país como respuesta a la inseguridad puede parecer una medida rápida y efectiva ante los altos niveles de delincuencia que vive México, “pero en realidad tiende a generar más inseguridad y violencia”.
Explicó que, por un lado, desaparecen las policías civiles preventivas, de proximidad e investigadoras y por el otro, “provoca el uso excesivo de la fuerza letal y las consecuentes violaciones de derechos humanos, además de la desconfianza y descrédito de la población hacia nuestras Fuerzas Armadas”.
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El líder panista aseguró, que el incremento de la violencia e inseguridad en México, “evidencia que la militarización que propone Morena no es la solución, que el régimen fracasó en la principal razón del Estado, que es garantizar la vida, la integridad y seguridad de las personas”.
Aseguró que su partido tiene toda la disposición de ayudar a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a que las y los mexicanos recuperen la paz y seguridad, por lo que confió, tenga la apertura y voluntad para revisar, construir y corregir su estrategia.
“En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se exponenció el uso de las fuerzas militares, al grado que desaparecieron la policía federal civil. Mintieron y violentaron la Constitución al hacer militar la Guardia Nacional, que debería haber sido civil, pero optaron por la completa militarización”, señaló.
Refirió que organismos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, entre otras, han rechazado de manera categórica la militarización de la seguridad pública porque generará violaciones de derechos humanos y perpetuará la impunidad, además de ir en contra de los tratados internacionales de los que México es parte.
“En México vivimos el peor momento de violencia e inseguridad, el gobierno saliente deja un saldo de más de 200 mil personas asesinadas, y niveles récord en extorsiones, desapariciones, y el aumento del crimen organizado en todo el país”, lamentó.
Por ello, propuso, garantizar la reacción inmediata de policías civiles de proximidad, policías preventivos y de investigación; regresar y aumentar los recursos a las policías municipales y estatales. Mayor uso de la tecnología para la vigilancia e inteligencia policial, análisis de datos y reconocimiento facial, colaboración entre estados, para resolver casos de manera más eficiente.
Además de desarrollar y utilizar sistemas de evaluación y control ciudadana, así como otorgar estímulos a la honestidad y medidas estrictas para combatir la corrupción policial y aumentar la confianza en las fuerzas de seguridad. Dignificar el trabajo policial, con un salario base de al menos tres veces el salario mínimo.
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Su propuesta incluye tener fiscalías autónomas, transparentes, interconectadas y coordinadas y que sí rindan cuentas. El uso responsable de las Fuerzas Armadas, limitando el uso de la fuerza y su temporalidad para garantizar que se ajusten a estándares internacionales de derechos humanos y minimizar su aplicación a situaciones concretas y de estricta necesidad.
Pide que se realice una política de Estado que se enfoque en la prevención y combate del homicidio, combate al secuestro, extorsión, ciberdelito, robo en transporte público y casa habitación. Además, que se tipifique el delito de narcoterrorismo de grupos criminales con investigación especializada en la que se puedan aplicar los instrumentos de asistencia y cooperación internacional.
Así como dar dignidad y blindaje en el sistema penitenciario, para que no se siga delinquiendo desde su interior y se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad, promoviendo su reinserción y previniendo la reincidencia.
MC
