Como estaba previsto, la aplanadora morenista y sus aliados aprobaron la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, como siempre quiso que fuera el presidente López Obrador.
A partir de esta aprobación, que tendrá que ser ratificada por el Senado, la Guardia Nacional será la responsable de ejecutar la estrategia o política de seguridad pública del próximo gobierno, cuyo diseño corresponderá a la Secretaría de Seguridad que encabezará Omar García Harfuch.
Sin embargo, el cambio más significativo no tiene que ver solo con el traslado de la nómina de la Secretaría de Seguridad a la de la Defensa Nacional, sino a la facultad que se le concede a la Guardia Nacional para investigar delitos, bajo la conducción del ministerio público, lo que, en los hechos, implicará que los militares (porque eso son los integrantes de la GN), puedan detener a sospechosos si el ministerio público lo requiere.
Imagínese el escenario en el que las investigaciones y las detenciones las hagan los militares.
Si con las policías ministeriales, tan señaladas por actos de corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la población tenía para atemorizarse, la idea de que los militares lo puedan “investigar’’ o detener es preocupante.
La oposición cuestionó, con razón, está disposición pues en las amplias zonas del país a las que han sido enviados contingentes de la GN, la delincuencia no ha disminuido; incluso en algunas, se ha incrementado.
Ahí tienen el caso de Acapulco.
Los senadores tienen la responsabilidad y la posibilidad de aclarar las dudas que dicha iniciativa genera entre la población, aunque realizar algún cambio a la minuta que recibirán de los diputados implique devolverla, es decir, aplazar unas semanas su aprobación final.
Pero, el eterno pero, está la urgencia de los legisladores de Morena de aprobar a toda prisa y sin cambiar una coma las iniciativas de López Obrador como su regalo de despedida.
Al fin la que pagará las cuentas será Claudia Sheinbaum.
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Aunque el chiste es muy viejo, aplica para el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, al que ya apodan el bikini: nadie sabe cómo se sostiene pero muchos quieren que caiga.
Y es que el gobernador, como si no tuviera suficiente con los enfrentamientos que tienen aterrorizada a la población y en fase crítica a la economía local en Culiacán, insiste en hacerse del control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ayer el Congreso local aprobó en la Comisión de Ciencia y Tecnología el dictamen para reformar la Ley Orgánica de la casa de estudios, que fue pasada al pleno para su aprobación.
La reforma propuesta por Rocha Moya, que ya fue rector de la UAS, pretende que la elección del rector/a sea a través del voto directo de la comunidad universitaria, lo mismo que la integración del Consejo Universitario.
Pretende crear un Tribunal Universitario independiente, elegido también por el voto directo de la comunidad de la UAS, una Defensoría Universitaria y una Comisión de Elecciones y Consultas, tipo como las que hacen las encuestas en Morena.
El problema es que, bajo esa máscara de presunta “democratización’’ de la vida universitaria, se esconde una pugna entre grupos de poder que ya le costó la vida a un exrector, Héctor Melesio Cuén, quien era el líder que desde hace años controla la vida universitaria.
¿De qué tamaño es el botín político que representa la UAS para que Rocha, en el sótano de su popularidad, insista en arrebatar el control de la universidad, sin calcular el costo político de la decisión?
Ya se verá.
@adriantrejo
