Desde diciembre de 2020 y hasta el 30 de agosto de 2024, la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación ha determinado que 458 solicitudes son procedentes para obtener el beneficio de amnistía; de ellas, 449, es decir 98%, eran personas sentenciadas por delitos contra la salud relacionados con narcóticos.
De acuerdo con el informe de la Comisión enviado al Senado de la República, seis personas que gozaron del beneficio de la amnistía estaban presas por el delito de robo simple del fuero federal y tres personas por delitos en materia migratoria, “por tratarse de aquellas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, por no haber accedido plenamente a la jurisdicción del Estado”.
El documento señala que de las personas que fueron liberadas, 422 son mexicanas; 11 ecuatorianas; 10 colombianas; ocho guatemaltecas; dos peruanas; una estadounidense; una hondureña y una salvadoreña.
Sinaloa, Ciudad de México y Chiapas son las entidades federativas que cuentan con mayor número de beneficios otorgados por la Comisión con 118, 64 y 50, respectivamente.
De los supuestos e hipótesis que fueron acreditadas en las solicitudes que llegaron a la Comisión y que resultaron procedentes, 411 beneficiados se encontraban en situación de pobreza; 10 fueron procedentes por haber cometido el delito por indicación; 9 por contar con una discapacidad permanente y 7 por temor fundado.
Así como 6 por tratarse de personas indígenas que durante su proceso no accedieron plenamente a la jurisdicción del Estado; 6 por el delito de robo simple; 5 por situación de vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación; 2 por tratarse de personas consumidoras, y 2 por haber sido obligadas por grupos de la delincuencia organizada.
Avalan reforma para pueblos indígenas
Por unanimidad de 492 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Constitución en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, que les reconoce sus derechos.
Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas que envió el Ejecutivo federal el 5 de febrero pasado, y que conforman el llamado Plan C del presidente.
El dictamen establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ella.
Además, incorpora el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
Les garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
