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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) definirá hoy si sigue el paro nacional en los órganos del Poder Judicial.

En entrevista con medios de comunicación, la jueza Juana Fuentes, directora de la Jufed, informó que los 14 integrantes de su directiva y los representantes de las 32 entidades tomarán la decisión.

Confirmó que los trabajadores del Poder Judicial que llevan más de 15 días en paro han recibido su salario y defendió la validez del acuerdo por el que se determinó solo atender casos urgentes en ese periodo.

Por su parte, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, informó ayer que el paro y protestas de trabajadores se mantendrán de manera indefinida.

Indicó que se retira el plantón de la Cámara de Diputados y los trabajadores se replegarán a las sedes judiciales de todo el país, desde donde seguirán sus manifestaciones.

CIDH se pronuncia

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su grave preocupación por la aprobación de la reforma judicial y alertó sobre afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de Derecho.

El organismo reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México e indicó que dio seguimiento al proceso legislativo sobre la reforma judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre.

La Comisión ha recibido información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho.

Las críticas, indicó, señalan que los cambios no parten de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país.

La Comisión Interamericana indicó que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros.

 

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