Sin hacer un uso eficiente de hasta 199 mdp, compañía beneficiada cuenta con historial donde no cumple con medidas de salubridad
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- Las instituciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) están amparadas para no acatar las leyes de austeridad que entraron en vigor durante este sexenio, lo que le ha permitido a sus organismos como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), repetir contrataciones para proveer el servicio de comedor por hasta 199 millones de pesos, pero con una empresa señalada de no cumplir con las medidas mínimas de sanidad.
Entre las contrataciones que el CJF hizo a inicios de este año está el de Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V. para el “servicio de comedor general”, según indican los acuerdos comerciales reportados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
De acuerdo con la información pública por servir la comida del comedor del CJF durante el mes de enero, la empresa recibió hasta un monto máximo de 199 millones 482 pesos.
Esta contratación resulta como un gasto doble ya que desde 2022 y durante este 2022 está vigente un contrato que el CJF hizo por Más de 142 millones de pesos con la empresa La Cosmopolitana, firma investigada por su enriquecimiento a través del presunto tráfico de influencias desde el sexenio del expresidente Vicente Fox.
En el caso de Operadora de Comedores Saludables es señalada por varias autoridades que la han denunciado, como presunta empresa fachada de Elías Landsmanas, cuyas marcas de Grupo Kosmos como La Cosmopolitana, fueron vetadas durante este sexenio por su historial de corrupción.
Además, la receptora de 199 millones de pesos empezó a operar desde 2019 y en su corto periodo de actividad es responsable de brotes de infecciones con sus proveedores.
El primer incidente que reveló cómo Operadora de Comedores Saludables no cumplía con los requisitos mínimos de salubridad fue en 2021, cuando un aproximado de 60 migrantes en la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM) se intoxicaron por comida en descomposición de la proveedora. Esto desembocó en denuncias de la Fiscalía de Chiapas.
Incluso en 2021 el Órgano de Fiscalización (Orfis) de Veracruz determinó que, en la contratación de Operadora de Comedores a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, no cumple con los requisitos de ley para ser una empresa proveedora de instituciones del Estado. La misma compañía estaba a cargo de la entrega de comida en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua, donde los indocumentados se manifestaron por la necesidad de alimentos y agua en buen estado, que resultó en el incendio y la muerte de al menos 40 personas de otras nacionalidades.
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